El Ayuntamiento de Carboneras, en la provincia de Almería, ha dado el paso definitivo para desencallar el conflicto urbanístico y medioambiental más longevo de su costa. Su alcalde, Salvador Hernández, ha instado de forma directa al Gobierno de la nación y a la Junta de Andalucía a asumir su responsabilidad en la construcción del polémico hotel de El Algarrobico, edificado hace más de veinte años. El regidor ha exigido a ambas administraciones que demuestren altura de miras para encontrar una salida concluyente y, sobre todo, que articulen medidas para reparar el grave daño reputacional y económico que ha soportado el municipio.
La reacción de la alcaldía se produce tras convocarse un pleno extraordinario fijado para el próximo 17 de junio. En esta sesión, la corporación municipal someterá a votación la anulación definitiva del permiso de edificación que se otorgó en enero de 2003. Este movimiento responde al estricto cumplimiento de la legalidad y llega avalado por el reciente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que ratificó que la licencia es completamente nula. El primer edil ha subrayado que la administración local se limita a ejecutar los mandatos judiciales, recordando que tanto el Estado como el Ejecutivo autonómico son corresponsables de que la edificación siga en pie, mientras que los ciudadanos carboneros han sido los únicos damnificados.
La propuesta que irá a debate ya ha pasado por una comisión informativa clave. En dicho encuentro previo, la iniciativa contó con el respaldo del regidor y de dos representantes del PP, mientras que los dos vocales del PSOE y el concejal no adscrito decidieron abstenerse. Con este posicionamiento, el documento queda listo para ser ratificado por la totalidad del pleno en una sesión que arrancará a las nueve de la mañana del miércoles de la próxima semana.
Este trámite formal busca dar respuesta a la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 2021, que forzaba a revisar la concesión al haberse levantado el hotel sobre terrenos protegidos de especial valor ecológico. El órgano consultivo ratificó la ilegalidad del permiso por dos argumentos de peso: la invasión de la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre, al incumplir la distancia mínima de cien metros respecto a la costa, y la incompatibilidad con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994 que rige en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Una vez que el pleno apruebe de forma oficial la nulidad de la licencia de Azata del Sol, se abrirá el escenario que la Junta de Andalucía esperaba para activar la mesa de trabajo conjunta con el Estado. En ese foro bilateral se concretarán los planes para la demolición de la estructura y la posterior regeneración ambiental de la playa, en base al protocolo que ambas instituciones firmaron en 2011. Además, el acuerdo municipal contempla la apertura de un proceso posterior para evaluar si la empresa promotora tiene derecho a recibir algún tipo de compensación económica, una tarea de tasación para la cual el consistorio ya ha advertido que requerirá asistencia externa debido a su falta de recursos técnicos y de personal.
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