La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se prepara para emitir este jueves, 16 de julio, dos sentencias que abordarán las inquietudes planteadas por los tribunales españoles respecto a la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA). Este tribunal ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales que requieren decisiones vinculantes sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.
En la antesala de este pronunciamiento crucial, la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez espera una sentencia "clara y contundente". Esta respuesta judicial es fundamental para aplicar esta medida de gracia "con diligencia y sin más dilación".
Detalles sobre las sentencias
El TJUE se pronunciará sobre dos asuntos específicos para los cuales el Abogado General emitió dictámenes en noviembre del año pasado. En estos dictámenes, se descartó que la tramitación de la ley constituyera una "autoamnistía" que pudiera entrar en conflicto con la legislación europea en materia de terrorismo o que afectara a intereses financieros de la UE. Sin embargo, se advirtió sobre posibles vulneraciones menores al Derecho comunitario.
El primer asunto examinado involucra una consulta del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros implicados en el uso indebido de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La segunda sentencia abordará una cuestión prejudicial enviada por la Audiencia Nacional relacionada con varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), buscando aclarar si la aplicación de la amnistía en este contexto violaría el Derecho comunitario y garantizaría impunidad para ciertos delitos.
Un año después de las vistas
Este fallo llega un año después de las vistas celebradas en la Gran Sala del TJUE, compuesta por quince jueces, y siete meses tras las conclusiones leídas por el Abogado General Dean Spielmann sobre los casos. Aunque sus posiciones no son vinculantes, suelen influir considerablemente en los fallos finales.
En relación con el Tribunal de Cuentas, el abogado europeo concluyó que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, ya que "no existe un vínculo directo entre los actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos destinados al presupuesto europeo". No obstante, advirtió que el plazo máximo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía podría ser insuficiente para determinar si un caso está cubierto por la LOA dependiendo del origen nacional o europeo de los fondos utilizados para promover acciones independentistas en Cataluña.
Consideraciones sobre derechos humanos
Respecto al tema relacionado con los miembros del CDR, el Abogado General considera que no hay conflicto con la directiva europea contra el terrorismo. Asegura que la ley española no priva a las normativas europeas de su eficacia plena y rechaza categóricamente que represente una "autoamnistía", en contraste con lo sostenido por la Comisión Europea durante las audiencias previas.
El abogado también subrayó que la LOA "cumple con los estándares" establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al ser aprobada en un contexto real de reconciliación política y social. Además, enfatizó que no incluye violaciones graves a los derechos humanos y establece explícitamente una exclusión para actos intencionados que causen tales violaciones.
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