Multa por lucrarse con un contrato fantasma para cobrar el paro

Un fraude basado en simular una relación laboral para beneficiarse del subsidio por desempleo ha terminado en condena en Almería. La justicia penaliza de este modo a uno de los implicados en una trama organizada que se dedicaba a falsificar altas laborales a cambio de dinero para lucrarse de las arcas públicas y facilitar trámites administrativos de forma fraudulenta.

La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una sentencia firme que impone una sanción de 1.242 euros al acusado, considerándolo responsable de un delito contra la Seguridad Social. El procesado admitió plenamente los hechos tras alcanzar un acuerdo de conformidad, lo que evitó el desarrollo del juicio y cerró la puerta a futuros recursos por parte de las defensas. Además del castigo económico directo, el fallo judicial le priva de la posibilidad de obtener cualquier tipo de ayuda, subvención pública o beneficio fiscal durante un periodo de nueve meses, al tiempo que le obliga a restituir los 4.970 euros obtenidos de manera ilícita junto con los intereses legales generados.

Los hechos considerados probados detallan que el condenado figuró formalmente de alta en el Régimen General de la Seguridad Social durante un año completo, concretamente entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011. Sin embargo, dicha alta correspondía a una empresa con la que jamás llegó a realizar ningún tipo de actividad laboral real. Con la documentación ficticia confeccionada para la ocasión, el implicado solicitó el subsidio por desempleo ante el servicio público y cobró de manera mensual la citada cuantía de dinero público.

Esta condena representa una ramificación de una red ilícita mucho más amplia que operó activamente entre los años 2009 y 2013 en la provincia de Almería bajo la dirección de un asesor fiscal que ya recibió su correspondiente sentencia condenatoria en un proceso previo. Aquella organización se especializó en dar de alta a falsos empleados utilizando para ello mercantiles sin actividad comercial real o valiéndose de empresas ya constituidas ajenas a la actividad declarada.

Los supuestos trabajadores abonaban tarifas que oscilaban entre los 1.200 y los 1.800 euros al gestor para conseguir el papeleo falsificado, asumiendo conscientemente el carácter ilegal de la maniobra. Mediante este método, los clientes de la trama no solo obtenían el acceso ilícito a prestaciones por desempleo, sino que en diversos casos utilizaban los contratos ficticios para tramitar y regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España. Tras destaparse el fraude gracias a las pesquisas de la Inspección de Trabajo, el tribunal ha ordenado también la anulación inmediata de todo el periodo cotizado de manera artificial por el condenado en el sistema estatal.