Hay principios ideológicos que duran exactamente lo que tarda en publicarse una licitación pública. Durante años nos han repetido desde las tribunas que la colaboración privado-pública en los servicios esenciales era poco menos que una traición a la patria obrera, una rendición del Estado ante la voracidad de las multinacionales. Sin embargo, cuando la realidad apremia y la burocracia se atraganta, los dogmas se disuelven con la misma rapidez con la que se firma un contrato administrativo.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, acaba de sacar a concurso un contrato para la gestión y mejora del sistema de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra no es pecata minuta: más de 5 millones de euros a lo largo de su duración total y prórrogas, fijando un tope anual de 1,25 millones de euros. Todo ello para que una empresa privada asuma el desarrollo técnico, la automatización e incluso la aplicación de inteligencia artificial en el pago y control del paro.
Lo paradójico no es que la administración busque eficiencia externa para renovar un sistema informático arcaico. Lo verdaderamente llamativo es el argumento oficial del propio departamento de Yolanda Díaz: se recurre al sector privado ante la manifiesta «falta de medios y personal técnico suficiente» dentro del propio SEPE. Es decir, el mismo Estado que exige a los ciudadanos rigor y cumplimiento admite por escrito que sus propios servicios públicos son incapaces de gestionar las prestaciones de los trabajadores sin el auxilio del capital privado.
En la provincia de Almería, donde miles de familias conocen de primera mano el peregrinaje por las oficinas de empleo y los colapsos en la atención, la noticia deja un sabor agridulce. Resulta cómico comprobar cómo el discurso inflamado contra las externalizaciones se modera en cuanto las competencias rozan el despacho propio. Cuando la gestión la hace una Comunidad Autónoma o un ayuntamiento de otro color político, externalizar es privatizar; cuando lo ejecuta el Estado central bajo sello de la izquierda alternativa, externalizar se rebautiza como «transformación digital y modernización tecnológica».
El Tribunal de Cuentas y la Intervención Delegada llevaban tiempo advirtiendo de las deficiencias en el control del gasto y en la reclamación de cobros indebidos de prestaciones. La respuesta para subsanar esos fallos en la administración del Estado no ha sido reforzar la plantilla pública con el celo que se predica en los mítines, sino sacar la billetera e invitar a la trastienda a una corporación privada.
Al final, la gestión pública no entiende de purezas teóricas, sino de pragmatismo. Lástima que el pragmatismo solo sea bienvisto cuando quien firma la factura es la propia Yolanda Díaz.
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