Cada cierto tiempo, las instituciones públicas sufren un ataque de iluminación política y deciden que el deporte profesional de élite es la piedra filosofal de la promoción turística. La ocurrencia no es nueva: comenzó cuando la Junta de Andalucía, bajo la hegemonía del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), inventó aquella entelequia de unificar competencias en la Consejería de Turismo y Deporte. La teoría era juntar a un señor en bicicleta, o corriendo, o en barco de vela, poner de fondo un bonito paisaje, y esperar a que las reservas hoteleras llovieran del cielo.
En la provincia de Almería existe ya un amplio historial de este tipo de milongas institucionales. Imposible no recordar la Extreme Sailing Series, bautizada en su momento con el ostentoso título de «la Fórmula 1 del mar». El despliegue de catamarán sobre el litoral de la capital prometía atraer legiones de visitantes. Sin embargo, tal y como demostró documentalmente Noticias de Almería tras analizar los datos oficiales de coyuntura turística, la afluencia de viajeros durante aquellas fechas fue calcada —e incluso inferior en algunas ediciones— a la de años precedentes sin barcos. El puerto estaba lleno de velas de competición, pero los hoteles de la capital solo tenían la ocupación extra de los equipos un día o dos, pero turistas reales añadidos, ni uno.
El mito se repite con precisión matemática en el ciclismo sobre asfalto. Para empezar, conviene aplicar un poco de rigor semántico: la denominada Vuelta Ciclista a España ni da la vuelta a nada ni abarca la totalidad del Estado. Se trata simplemente de un trazado inconexo de etapas negociadas al mejor postor, dejando fuera amplios territorios del país según convenga al negocio. Lo mismo ocurre con la Vuelta a Andalucía: ninguna de las dos responde a un trazado geográfico, sino a marcas comerciales privadas explotadas por empresas. Lo único indiscutiblemente cierto en su denominación es la palabra «ciclista».
Detrás de la épica deportiva que transmite la televisión opera un lucrativo negocio privado sufragado con fondos públicos. La empresa organizadora de la prueba, Unipublic, facturó el pasado ejercicio 34,6 millones de euros, logrando un beneficio neto de 11,5 millones. Una rentabilidad envidiable sustentada en gran medida por el erario público: solo en 2025, Unipublic suscribió más de 25 contratos con distintas administraciones del Estado por un valor de 4,75 millones de euros, sumados a más de un millón de euros en subvenciones directas.
Para que el pelotón asome el manillar por la provincia, la Diputación Provincial de Almería o el ayuntamiento anfitrión deben abonar a Unipublic un canon de patrocinio que oscila entre los 90.000 y los 160.000 euros por salida o meta. Pero ese importe es solo la punta del iceberg. Como se comprobó en municipios andaluces como Jerez —donde un canon inicial de 181.000 euros acabó disparando la factura real hasta casi los 344.000 euros—, los costes extraordinarios de montaje, vallas, carpas, megafonía, escenarios, seguridad local y limpieza duplican el gasto. En consistorios como el Ayuntamiento de Vera o en las pequeñas localidades de la Sierra de los Filabres por donde discurre la etapa, el coste añadido suma entre 30.000 y 60.000 euros que rara vez se desglosan en las notas de prensa oficiales.
Frente a esta sangría presupuestaria, la organización defiende un supuesto retorno publicitario equivalente a 100 millones de euros por enseñar en la pequeña pantalla las playas de Vera, el Desierto de Tabernas o la exigente subida a Velefique y Calar Alto. No obstante, la lógica de los hechos invalida la consigna publicitaria. ¿Acaso alguien en la provincia ha preparado las maletas para hacer turismo en los Alpes o los Apeninos tras ver una etapa de montaña del Tour de Francia o del Giro de Italia por televisión? Obviamente no. Nadie planifica sus vacaciones ni reserva estancia en un hotel por haber visto pasar a un grupo de ciclistas durante diez segundos en una retransmisión de sobremesa.
Un fenómeno similar se vivió con los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. Aquel evento supuso un indudable éxito emocional y de autoestima para los almerienses, demostrando una impecable capacidad de organización local. Sin embargo, en términos de impacto turístico estructural y captación de nuevos visitantes a largo plazo para la provincia o la capital, las cifras constatan que la repercusión fue prácticamente nula.
Lo que la clase política presenta a la ciudadanía como una «inversión promocional de gran calado» no es más que un gasto corriente a fondo perdido. Una transferencia directa de recursos públicos desde las arcas locales, provinciales, autonómicas y estatales hacia la cuenta de pérdidas y ganancias de un operador privado. Mientras la helicóptero enfoca el paisaje, la factura la pagan los contribuyentes, dejando claro que en el patrocinio de grandes eventos deportivos la ganancia se la lleva la empresa privada y el déficit se queda en casa.
