Hay quien se queja de que Pedro Sánchez quiere solucionarlo todo con un decreto, y se equivocaba, porque como ahora, los pare a pares. El Consejo de Ministros ha vuelto a perpetrar decretos milagrosos, ahora sobre la vivienda, esa entelequia que el Gobierno se obstina en solucionar a base titulares inconsistentes y consignas pancarteras. Hace apenas un par de semanas fue Portal 47 la solución, pero la realidad les ha superado, otra vez.
Asumiendo de antemano la inevitable tormenta de descalificaciones que caerá sobre cualquier mente que ose salirse del dogma oficial, va siendo hora de exigir una reflexión colectiva que en el Estado español brilla por su ausencia, eclipsada por el trazo grueso del argumentario partidista.
Hace no tanto tiempo, la doctrina oficial repetía de forma incansable que el mal endémico del mercado inmobiliario residía en que éramos «un país de propietarios». Tener una casa en propiedad, nos explicaban con suficiencia académica, ahogaba la oferta de alquiler y paralizaba la movilidad laboral. El concepto era que había paro porque nos resistíamos a la movilidad, y la culpa la tenía la falta de viviendas en alquiler, porque todo el mundo quería ahorrar para comprar, y por culpa de ese desempleo, no llegaba el dinero para pagar la entrada ni una posible hipoteca, y sin oferta de alquiler... no hay emancipación posible.
La solución bendecida por el poder público consistió en desincentivar la compra y empujar a las nuevas generaciones hacia el arrendamiento. ¿El resultado tras años de ingeniería social? El colapso perfecto: un alud masivo de demanda buscando techo de alquiler frente a una oferta desierta y aterrada, con precios desorbitados en todas las capitales, desde Madrid hasta Almería.
El verdadero tabú de este debate —el detalle por el que los guardianes de la ortofonía moral sacarán la guadaña— es la absoluta falta de empatía hacia el pequeño rentista. Resulta que en el imaginario del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez (más de media docena de pisos en propiedad tiene la titular), quien posee un piso adicional viste sombrero de copa y fuma puros. La realidad sociológica de Andalucía y del conjunto del Estado es sensiblemente distinta: se trata, en su inmensa mayoría, de familias trabajadoras que tras décadas de esfuerzo han heredado la vivienda de sus padres fallecidos, o de parejas cercanas a la jubilación que asumieron una segunda hipoteca para arañar unos cientos de euros con los que complementar unas pensiones que la inflación devora.
A este perfil de propietario se le exige hoy que ejerza de ONG sustitutoria de los servicios sociales de la administración pública. Tras la crisis financiera de 2011, las entidades bancarias restringieron la concesión de hipotecas a niveles drásticos, exigiendo ahorros previos inalcanzables para una fuerza laboral azotada por la precariedad. Atrapados sin acceso a la compra, la única vía restante para los ciudadanos es el alquiler. Y es justo ahí donde la legislación estatal decide penalizar al arrendador particular: si el inquilino deja de pagar o se declara en situación de vulnerabilidad, los procesos de desalojo se eternizan durante uno o dos años por ley, mientras el dueño sigue asumiendo el pago del IBI, los suministros y el eventual destrozo del inmueble.
Si los precios del alquiler se intervienen o topan mientras el nivel de vida escala sin freno, y si los contratos se prorrogan de manera forzosa sin que el propietario pueda disponer de su propia finca, la decisión racional no es la codicia, sino el cierre. ¿Quién va a arriesgar el patrimonio de su familia bajo semejante inseguridad jurídica? La paradoja alcanza ribetes grotescos cuando una familia que heredó un piso en otra provincia no puede recuperarlo para que su propia hija acuda a esa universidad, o cuando unos padres deben hacinar en su vivienda habitual a su hijo, su pareja y sus nietos porque el apartamento de su propiedad sigue ocupado por un inquilino moroso al que el Estado ampara.
Hagamos la prueba del algodón con cualquiera de los activistas que se manifiestan en la Puerta del Sol exigiendo todas estas medidas "progresistas". La pregunta es sencilla: si usted tuviera una segunda vivienda, fruto del esfuerzo o de una herencia, ¿la pondría en alquiler bajo estas reglas, sabiendo que ante un impago tardará años en recuperarla y pagará la luz del ocupante de su propio bolsillo? Si responde que no, queda explicado por qué hay miles de casas vacías. Y si responde que sí, cabría preguntarle bajo qué condiciones aceptaría que la ley le impida disponer de lo que es suyo.
Resolver la sangría habitacional requiere pragmatismo y no dogmatismo. En primer lugar, hay que facilitar de nuevo el acceso a la compra mediante la flexibilización del crédito hipotecario e incentivos fiscales reales, incrementando las deducciones en el IRPF. En segundo lugar, es indispensable edificar más: tanto vivienda de protección oficial como promociones privadas a costes de construcción sostenibles... no es coherente que, como pasa en Almería, la empresa municipal de la vivienda compre suelo al Ayuntamiento, que es el propietario de la propia empresa, encareciendo así el precio final.
En tercer lugar, el mercado de alquiler solo se destensionará si se otorga una seguridad jurídica al pequeño propietario, porque solo la confianza multiplicará la oferta y hará caer los precios por pura ley de mercado.
Los decretos, ambos, inciden en lo mismo que se ha venido haciendo y no ha funcionado: topar precios de alquiler y proteger al inquilino, siempre medidas contra el arrendador... y si hasta ahora no ha servido ¿por qué iba a comenzar a hacerlo?
Cosa bien distinta es el abordaje de la vivienda turística y la especulación de los grandes tenedores. Resulta plenamente legítimo acotar las licencias de alquiler vacacional en los centros urbanos para evitar que las ciudades se conviertan en parques temáticos sin vecinos, redirigiendo el flujo de visitantes hacia las plazas hoteleras. Asimismo, la firmeza de las leyes debe dirigirse contra fondos de inversión como Blackstone o Cerberus, cuyos modelos extractivos nada tienen que ver con el ahorrador individual, y a los cuales dieron la bienvenida entre aplausos no solo Isabel Díaz Ayuso, sino también el propio Sánchez, que los puso como ejemplo en una reunión.
Si la legislación supiera diferenciar entre el gran capital especulativo y las familias que buscan proteger sus ahorros, el negocio buitre perdería su terreno al tiempo que aflorarían miles de viviendas para residencia habitual. Mientras la política pública siga consistiendo en criminalizar al pequeño propietario para tapar las vergüenzas de la ineficacia estatal, el techo seguirá siendo un lujo inalcanzable.
