La futura Ley de Montes impulsada por el Gobierno autonómico incorpora fórmulas de colaboración público-privada diseñadas para agilizar la recuperación de las masas forestales devastadas por el fuego, un marco normativo que cobra especial relevancia en la provincia de Almería, donde los equipos técnicos ya analizan sobre el terreno el alcance de las llamas y el potencial de regeneración en el municipio de Los Gallardos. Así lo ha detallado en el Pleno del Parlamento andaluz la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, durante una comparecencia centrada en la estrategia forestal de la Comunidad, en la que también abordó las condiciones de gestión de estas superficies y los canales administrativos para tramitar sus aprovechamientos.
Dentro de este nuevo esquema legal destaca la creación de las Entidades Selvícolas de Colaboración, una figura pensada para facilitar la ejecución material y técnica de los trabajos en el monte sin renunciar a la supervisión y las garantías medioambientales de la Administración. Según precisó la titular del ramo, este instrumento permitirá que pequeños propietarios cuyas fincas hayan sufrido el impacto de un incendio o una plaga puedan agruparse para coordinar conjuntamente la saca de madera o las labores selvícolas bajo una única tramitación administrativa.
Con el propósito de acelerar las respuestas inmediatas en el medio natural, la normativa proyectada elimina la obligación de presentar planes de restauración cuando la superficie afectada por una catástrofe sea inferior a las diez hectáreas. De forma paralela, el texto legislativo apuesta por incentivar la ganadería extensiva y el pastoreo preventivo mediante medidas como la bonificación completa, durante el plazo de un año, del canon por aprovechamiento de pastos en los montes públicos de titularidad autonómica.
La implicación de los titulares privados resulta determinante en el conjunto de la Comunidad, ya que cerca del 71 por ciento de los más de 4,38 millones de hectáreas de terreno forestal están en manos particulares, lo que equivale a unos 3,1 millones de hectáreas dentro de un ecosistema que supera la mitad de la superficie total andaluza. En este escenario, Fina Martínez subrayó que la política forestal autonómica persigue el objetivo de "conservar y mejorar los montes, compatibilizando su protección con el aprovechamiento sostenible de sus recursos y su contribución a la actividad económica y social del medio rural".
Esta hoja de ruta se articula a través de la Adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 y del propio desarrollo legislativo. Mientras el documento de planificación establece las líneas maestras de la década poniendo el foco en la adaptación frente al cambio climático, los servicios ecosistémicos y el impulso económico ligado al monte, la nueva ley ordena la gestión, el uso y la administración de estos espacios.
Respecto a la burocracia que deben afrontar los dueños de terrenos, la consejera explicó que aquellos aprovechamientos o alteraciones de la cubierta vegetal ya contemplados en planes de ordenación vigentes podrán gestionarse mediante una simple declaración responsable o comunicación previa. Esta agilización abarca intervenciones que no comprometen la funcionalidad ni la conservación del entorno, tales como los aprovechamientos domésticos de escasa entidad o los maderables de turno corto.
A estas novedades se suman las renovadas instrucciones generales de ordenación de montes, que fijan criterios técnicos homogéneos, junto a un modelo actualizado de convenios municipales con una vigencia máxima de diez años. Mediante esta fórmula de cooperación, la Consejería administra actualmente más de 517.000 hectáreas pertenecientes a 251 ayuntamientos, cifra que representa el 86,52 por ciento del suelo forestal público local. Además, la administración electrónica se extiende a la adjudicación de asentamientos apícolas en terrenos autonómicos, apoyándose en el despliegue de la plataforma Sigfor para digitalizar el seguimiento técnico, el visor estadístico Indifo y la herramienta preliminar Bindifo, orientada a simplificar la petición de subvenciones.
En el plano presupuestario correspondiente al presente ejercicio de 2026, Martínez señaló que se han suscrito 18 contratos de tratamientos selvícolas preventivos por valor de 10,2 millones de euros para actuar sobre 2.650 hectáreas, a los que se añaden inversiones por 38,9 millones destinadas al arreglo de caminos forestales y vías pecuarias, repartidas en partidas de 21 y 17,9 millones respectivamente. Para las fincas privadas, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común movilizará 44,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos Feader con bases reguladoras simplificadas para proyectos no productivos, mientras que de cara a 2027 se proyecta una inversión global de 48,8 millones en gestión sostenible, de los cuales 45,66 millones irán dirigidos específicamente a la prevención y extinción de fuegos.
Por otro lado, al responder a una pregunta parlamentaria sobre la reparación de los daños causados por el fuego, la consejera desglosó las dos fases de emergencia activadas tras el incendio de Niebla, en Huelva, que alcanzan casi cinco millones de euros para rehabilitar 2.231 hectáreas mediante el freno a la erosión, el apoyo a la regeneración natural y la reconstrucción de infraestructuras. La primera fase, declarada el pasado 11 de septiembre y actualmente en marcha con 3,65 millones de fondos propios, cubre 1.544 hectáreas en los montes 'Pata del Caballo' y 'Los Carneros', situados en Escacena del Campo junto al límite con Paterna del Campo. La segunda etapa, declarada el 16 de octubre y ya adjudicada para su inminente comienzo con 1,28 millones, intervendrá sobre 687 hectáreas de los montes públicos 'Coto de San Felipe', en Niebla, y 'Madroñalejo', en el término sevillano de Aznalcóllar, centrándose en la protección de cauces y suelos y la tala de arbolado inestable.
La responsable autonómica recordó que el peritaje de los daños arrancó sobre el terreno justo el día posterior al control de las llamas mediante el uso de drones y tecnología satelital, lo que permitió al Consejo de Gobierno aprobar la declaración de desastre natural el 31 de agosto y desbloquear una partida urgente de 10,2 millones de euros, a la que sucederá una dotación superior a los 14 millones prevista para 2027 con el fin de consolidar la recuperación de cauces y terrenos.
Finalmente, junto a la evaluación técnica que ya se lleva a cabo tanto en el incendio almeriense de
Los Gallardos como en los fuegos registrados en los municipios onubenses de Alosno y Villanueva de los Castillejos, la consejera destacó las medidas del Plan de Acción de Apoyo a los Titulares de Fincas y Explotaciones Forestales Afectadas. Este programa incluye dos millones de euros para paliar pérdidas en alcornocales, medio millón adicional para financiar la redacción de planes de restauración en propiedades privadas golpeadas por grandes incendios en el último año y la exención total del pago de la matrícula anual en los cotos de caza perjudicados.
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