El mes de junio ha traído a los tribunales de la Audiencia Nacional un calor asfixiante que ríase usted del julio en el desierto de Tabernas, pero con un bochorno judicial de dimensiones considerablemente mayores. El magistrado José Luis Calama ha decidido que la conciliación familiar y el relevo generacional adquieran una dimensión completamente nueva en las altas esferas políticas del Estado. El bautizado como "caso Plus Ultra", que ya mantenía bajo la lupa del tráfico de influencias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha ampliado su elenco de protagonistas. Ahora, sus hijas, Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, junto a la secretaria personal del exmandatario, María Gertrudis Alcázar Jiménez, entran formalmente en el exclusivo club de las investigadas. Todo queda, convenientemente, en un entorno estrictamente doméstico.
La Fiscalía Anticorrupción, que suele mostrar una alarmante falta de empatía hacia el lirismo de los negocios familiares, sospecha que la mercantil de marketing de las hermanas, Whathefav, no era precisamente una prometedora startup nacida del puro talento juvenil. Según las pesquisas judiciales, la sociedad recibió la nada desdeñable cifra de 239.755 euros provenientes de la firma Análisis Relevante, de la cual es propietario el empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente. Ante el juez, el propio José Luis Rodríguez Zapatero despachó el asunto asegurando que se trataba de meros "trabajos de asesoramiento y consultoría verbal". Un pacto de palabra de toda la vida, similar a los que históricamente cerraban los tratos agrícolas en la provincia de Almería, pero con la sutil diferencia de que aquí el trasvase de casi un cuarto de millón de euros carece de rastro documental tangible. El magistrado sospecha que la estructura societaria servía en realidad de pantalla instrumental para la canalización y el presunto blanqueo de comisiones ilegales.
Esta entrañable costumbre de guiar a los vástagos por los senderos de la ingeniería financiera y los tribunales no es, desde luego, un invento de la factoría socialista. El Estado español —ese complejo entramado administrativo que algunos confunden erróneamente con una nación— cuenta con una sólida y aristocrática tradición de padres modélicos que, en lugar de legar a su prole un piso o unos ahorros, prefieren traspasarles una imputación penal en firme.
Resulta imposible no evocar grandes dinastías del sector como el caso de Jesús Gil y Gil, quien convirtió la gestión del ayuntamiento de Marbella y los fondos del Atlético de Madrid en una gincana judicial hereditaria para sus descendientes. También recuerddo a José María Ruiz-Mateos, cuyos hijos terminaron asumiendo en bloque el colapso penal y financiero de la Nueva Rumasa familiar, siguiendo fielmente la estela del patriarca de la abeja. Y más recientemente Jordi Pujol: el ejemplo paradigmático en el noreste peninsular; un patriarca que previsiblemente esquivará el banquillo de los acusados alegando demencia debido a su avanzada edad, mientras deja a sus hijos mayores de edad lidiando con el peso y el rastreo de los millones ocultos en Andorra.
Al fin y al cabo, cuando se crece en un hogar donde el flujo de capitales bajo sospecha flota en el ambiente con la misma naturalidad con la que el polvo del Sáhara cubre los parabrisas en los municipios almerienses, la anomalía se acaba asumiendo como parte del paisaje cotidiano y vital.
Resulta desolador contemplar cómo la educación familiar deriva en este tipo de herencias procesales. Mientras la UCO y el juez José Luis Calama continúan desentrañando el misterio de las casi ochenta joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte, el foco inevitablemente se desplaza hacia la intimidad del salón del expresidente. Qué papelón debe de ser para un padre tener que mirar a los ojos a sus hijas y explicarles que sus nombres figuran en autos de la Audiencia Nacional por haber servido, presuntamente, de herramientas para el blanqueo. La pregunta que inevitablemente retumba en las paredes de esa vivienda ya no pertenece a la retórica política del Estado, sino al más puro y descarnado drama familiar. Una cuestión que contrasta drásticamente con la tranquilidad institucional que se desearía en la Comunidad Autónoma de Andalucía o en cualquier territorio circundante: "Papá, ¿pero dónde nos has metido?".
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