La 'España de los dos mil imputados' entra en 2015

Hay nombres sonoros en la agenda judicial de 2015: desde La Pantoja hasta el 'pequeño Nicolás', que deberá acudir nuevamente el día 9 a declarar ante el juez (no quiso hacerlo la primera vez que fue llamado, en diciembre), pasando por Rodrigo Rato y el 'caso de los sobresueldos' de Caja Madrid. O, naturalmente, pasando por Jordi Pujol, y familia, que el próximo día 27 iniciarán su via crucis judicial, con ribetes políticos (¿tendrá Artur Mas que comparecer ante el Parlament para dar su testimonio sobre el pringoso 'caso Pujol'? De Oriol Junqueras y de Esquerra depende que esta comparecencia se concrete o no; y puede que la moneda de cambio sea nada menos que un chantaje para que el president de la Generalitat adelante las elecciones).

Claro que el esclarecimiento de la corrupción en Cataluña se extiende más allá de los confines de los Pujol. Ahí está, pendiente desde hace una década, el 'caso Palau', tan comprometido para Convergencia Democrática. O tantos otros 'affaires', como el Pretoria, en el que están involucrados los que fueron tan cercanos colaboradores del ex molt honorable, Maciá y Prenafeta.

La corrupción política en España apenas ha tenido fronteras: Madrid, donde aún se sustancia una parte del 'caso Gürtel' y del 'Bárcenas', además de la 'operación Punica', que mantiene al ex secretario general del PP, Francisco Granados, en la cárcel, es otro vivero importante de irregularidades, y de potenciales sorpresas derivadas del fin de la instrucción, en lo que le dé tiempo hasta marzo, que lleva a cabo el juez Pablo Ruz. Baleares conocerá el 'juicio estrella' del 'caso Noos', que sentará en el banquillo a la aún incomprensiblemente infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, para no citar los muchos casos que afectan al ex presidente Jaume Matas. Valencia tiene en su haber, como se sabe, infinidad de casos, que afectan a toda la clase política de los tiempos de Camps. En Andalucía aún no se ha dicho, ni mucho menos, la última palabra sobre el 'caso Mercasevilla', ni sobre el de los ERE, que instruye con excesiva demora la juez Alaya y que podría derivar en una imputación de dos ex presidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, aunque este paso, solicitado por el fiscal, resulte más que dudoso. Salpicaduras de corrupción han llegado también a Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, León, Asturias (con el caso protagonizado por el ex dirigente de UGT José Angel Fernández Villa)...Una enumeración exhaustiva sería larga y desbordaría las pretensiones de esta crónica para entrar en las dimensiones de un grueso tomo.

Como es lógico, el paulatino estallido en los juzgados de tan turbios asuntos no dejará de tener sus consecuencias políticas en un año eminentemente electoral. Incluso el próximo viaje de Mariano Rajoy, que ha prometido luchar contra la corrupción -como los restantes dirigentes políticos españoles, por otra parte, aunque no todos suscriban las medidas propuestas por el Gobierno--, a Andorra, el próximo miércoles, está teñido de cuestiones no del todo aclaradas en la agenda de temas a tratar. Porque no puede olvidarse que al 'paraíso' andorrano llegaron incluso furgonetas llenas de dinero en metálico y, naturalmente, negro, y no solo atribuibles a la acción de los Pujol Ferrusola. Se calcula, aunque no existan estimaciones oficiales, en más de veinte mil millones de euros el total del dinero sacado ilegalmente del país en los últimos siete años; y este es un cálculo, advierten quienes saben, excesivamente conservador...

La llamada 'clase política' en general, y los dirigentes actuales del PP en particular alegan que los casos de corrupción en diversas fases de tramitación judicial corresponden, en su totalidad, a un pasado anterior al año 2011, aunque sus ramificaciones se extendiesen posteriormente. Y que no hay que olvidar que todos ellos están en manos de los juzgados, actúen estos con la velocidad a la que actúen, que no siempre es la deseable. Argumentan también que ha habido dimisiones de altos cargos, las más recientes la de la alcaldesa de Alicante y el presidente de la Diputación de León, y que habrá una notable renovación de representantes autonómicos y locales con motivo de las elecciones del 24 de mayo, que se celebrarán bajo el unánime propósito de no tolerar más casos de corrupción política, caiga quien caiga. Argumentan también desde el PP que el Congreso aprobó hace un mes varias medidas legales para frenar la corrupción, aunque fuesen tildadas de insuficientes por la oposición.

Todo ello es, sin duda, cierto. Pero eso no invalida el estado casi de 'shock' con el que la ciudadanía española entra en un 2015 en el que formaciones como Podemos seguirán fustigando, todo lo demagógicamente que se quiera, cuanto ha ido ocurriendo no solamente en los últimos años, sino incluso en las décadas anteriores. Un pasado no para olvidar, sino, al contrario, para tenerlo muy presente, porque la Historia que se desconoce suele repetirse.