El imperio de la ley

El Imperio de la Ley debe estar siempre por encima del nombre”. ¡Qué bien quedó! Y qué descansado. En abstracto es una frase redonda; categórica. Muy superior a quien la “soltó” hace días. Lamentable, dicho por quien hace leyes contrarias a la Constitución, pues debe haberse creído por encima del ser humano; es decir, confirma la teoría de que los políticos son otra especie; aunque no precisamente superior. Ya tenemos leyes para todo. Para todo lo que convenga al legislador. No hay más que aprobarla por procedimiento de urgencia. ¡Qué lástima, que los demás no podamos legislar, porque podríamos hacer un buen racimo; pero un racimo de leyes útiles. Por ejemplo: para meter en la cárcel al que se fue con dinero público; al (o a la, no se me enfaden, feministas) que gastó más en veinte días en funciones que en cuatro años en que debería y podría haber funcionado. A quien hace tan mal su trabajo que obliga a pagar indemnización con dinero nuestro… Y así sucesivamente. “Fortalecer el Estado de Derecho” es una frase seria. Lo malo es que es una frase hecha. Hecha para ocultar que el “Estado de Derecho” no es, ni tiene nada que ver, con los intereses personales o de grupo del Gobierno ni de su partido.
Aquí sólo se pretende fortalecer el poder del Ejecutivo. Hay demasiados sancionadores en España: ayuntamientos, empresas públicas, diputaciones, haciendas estatal, autonómica y local, juzgados… Y ahora nuevas atribuciones al Constitucional, por obra y gracia del PP, para que pueda sancionar. Hacer una ley para obligar a cumplir la ley es más ridículo que rocambolesco. La obligación de acatar sentencias ha obligado a obedecer incluso al innecesario y parcial Tribunal Constitucional. Innecesario porque, para decidir qué leyes y decisiones se ajustan a la Constitución, debería ser competente cualquier Juzgado ordinario. Ridículo porque, una vez dada la sentencia, corresponde a otros órganos, jurídicos o administrativos, obrar en consecuencia. Serán, por tanto, los tribunales ordinarios quienes, llegado el caso, y de acuerdo con la interpretación constitucional, debieran sancionar. Llegado el caso.
Ahora bien, hecha la chapuza de facultar a sancionar al Tribunal Constitucional, debería aplicarse a los mismos legisladores que quieren cercar a posibles futuros incumplidores de sus decisiones. Debería ampliarse un poquito, sólo un poquito, para hacerles pagar sus numerosos y continuos incumplimientos de la norma máxima. Y sus falsas promesas, que son mentiras. Debería ampliarse, también, para condenar a hacedores de leyes capaces de violar flagrantemente la Constitución, al vulnerar derechos básicos del ciudadano. Aunque una multa no bastaría para compensar el atropello de un Ejecutivo dominador del Legislativo, capaz de poner límites a los derechos de reunión y manifestación (Vg.: Ley Mordaza ó reforma del Código penal), entre otros disparates.
Menos mal que esta vez no han ido a la RAE a exigir cambios, porque habría resultado imposible trocar “fortalecer el Estado de Derecho” por “ampliar el poder del Gobierno” y, como medio de impedir la expresión libre del pueblo catalán, no resuelve el problema: lo enquista.