De nuevo el Materno Infantil

Desde el fiasco producido en la población almeriense con el abandono de las obras del Hospital Materno-Infantil en Almería, son varias las ocasiones en las que he podido manifestar mi opinión sobre este tema.
El escándalo que supuso dicho abandono, absolutamente justificado desde el punto de vista empresarial, puesto que la Junta había dejado de pagar esas obras, mis argumentos críticos siempre han ido en la misma dirección. Seguramente podríamos estar, con este incumplimiento de la Junta, en un supuesto ilegal y, presuntamente penal.
En efecto. En aplicación estricta de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una obra a realizar por cualquier Administración, podrá SER LICITADA pero NUNCA ADJUDICADA, si no se disponía de la correspondiente partida presupuestaria en el ejercicio correspondiente, que garantizara el cobro de las certificaciones sucesivas por obra realizada. Quiere decirse, que si la obra se adjudicó a la UTE (Unión Temporal de Empresas) en cuestión tras el correspondiente concurso público, estaríamos ante un supuesto ilegal, perfectamente catalogado como prevaricación, de los cuales serían responsables todos los miembros de la mesa de contratación, incluidos los funcionarios, fedatarios públicos de la disponibilidad de fondos. Sí, por el contrario, había dinero y con él se pudieron pagar las primeras certificaciones y al cabo de un corto tiempo se dejó de hacer, se podría asegurar que dicha partida presupuestaria se derivó hacia otro lugar. De nuevo estaríamos ante otro supuesto presuntamente ilegal, tipificado claramente como malversación de caudales públicos, de igual gravedad y que, naturalmente, debió justificarse en su momento, si es que podía darse alguna explicación plausible.
Increíblemente, estos presuntos supuestos ilegales no han tenido recorrido judicial, cuando temas menores se han judicializado (se trata de una inversión de más de 25 millones de Euros). Solo la ligera presión política ejercida por el PP andaluz ha permitido que, de vez en cuando, el tema haya recuperado cierta actualidad.
Algo así ha sucedido estos días debido a la torpeza del Sr. Consejero de Salud de la Junta. A una pregunta planteada por un diputado de Podemos, en sede parlamentaria, el Sr. Consejero ha mentido gravemente al afirmar que, desde el SAS, se han retomado los contactos con la UTE para poder reanudar las obras. No es cierto, el Sr. Consejero falta a la verdad. Lo único cierto es que la UTE se ha dirigido a instancias judiciales denunciando la inacción de la Junta, al tiempo que ha registrado un documento en el SAS pidiendo la rescisión del contrato, con las graves consecuencias que podía acarrear sí se va a una nueva licitación. No se olvide que la obra se inició en el año 2011.
Estos retrasos intolerables y presuntamente ilegales, ha hecho legitima la reclamación de la UTE, que lleva aparejada una compensación económica de unos 6 millones de Euros en concepto de indemnizaciones, lo que convierte el tema en un escándalo político de enorme dimensión, que no debía ser ocultado ni un solo día más por la persona última responsable de lo sucedido: La Presidenta de la Junta que, en esas fechas, ya lo era.
Dentro de nada comenzará una nueva campaña electoral y, de nuevo, vendrán comprometiendo esa obra como una prioridad para con Almería, pero de nuevo nos engañaran como con tantas otras cosas. Mientras tanto, un servicio fundamental para la Salud de los almerienses continuará sin ser atendido.