Leyes para la plebe

O lo que es igual: más Saló. Después de gastarse el Fondo de pensiones ¿habrán hecho lo mismo con el de Garantía Salarial? Los dineros detraídos a empresarios y trabajadores para sostener las ínfimas pensiones de jubilación, el Gobierno de Rajoy los ha dedicado a otros menesteres. A lo mejor igual de necesarios, no se discute -no se discute, pero los números se asemejan peligrosa y sospechosamente a las ayudas otorgadas a los bancos, para aumentar sus fondos propios y reforzar los de reserva- pero desvestir a un santo para vestir a otro nunca fue una buena idea. Ni una solución. Menos aún, cuando al santo desvestido ya le cubría menos vestimenta que al ahora super abrigado. Visto el precedente, se puede esperar cualquier cosa de quien desvalija el acumulado que garantizaba las pensiones, para usarlo en… ¡ellos sabrán, si lo saben!
Lo cierto es que los impedimentos puestos al peticionario de prestaciones al Fogasa por despido improcedente, superan con mucho los límites de la Justicia y hasta del decoro, para entrar al terreno de la duda. ¿Habrá instrucciones expresas de rechazar, aburrir, de abonar lo menos posible? No se puede afirmar; ojalá se pudiera. Pero el comportamiento de los funcionarios del organismo abre espacio a la pregunta. El impreso de solicitud de prestación salarial, especifica claramente la documentación a presentar: “Documento de identidad del solicitante y Sentencia o acta de conciliación judicial o administrativa firmes, dónde se reconozca el crédito.” Punto. Pues no. Requerimientos posteriores van sumando impresos, datos, resoluciones judiciales, y hasta negativas a los documentos presentados, que postergan el proceso hasta el aburrimiento, cuando no amenazan directamente con su caducidad y correspondiente negativa. Aburrimiento de la parte actora, naturalmente, del perjudicado peticionario. Que a la parte administrativa-funcionarial se le ve más bien pausada. Impertérrita. Incólume. Despreocupada.
Es bueno que los organismos encargados de satisfacer pagos con dinero de todos comprueben exhaustivamente; que sean escrupulosos. Pero costaría muy poco elaborar y entregar a los peticionarios una relación de todos y cada uno de los documentos exigibles para proceder a la aceptación del pago requerido. Porque da la casualidad de que no se recurre al Fogasa como oficio. Ni la inmensa mayoría de las personas obligadas a acudir al organismo son expertos en leyes. Facilitar las gestiones al usuario, en vez de complicarle la vida y hacerlo acudir varias veces con el requerimiento de nuevos documentos, es poco elegante. No prueba, precisamente, respeto alguno al contribuyente, ni sirve más que para entretener a un funcionariado al que, para ocupar su posible tiempo libre, por la presunta escasa reclamación de cantidades, podrían dotarles de un parchís, mucho más rentable que la acumulación de visitas a causa de la nula información facilitada. Es labor de la Administración informar adecuadamente, facilitar sus gestiones al ciudadano. Pero no sólo cuando se trata de cobrarle, también cuando es él quien debe percibir de cualquier órgano de la Administración, Fogasa incluido.