No ha pasado ni un mes desde que estudiantes, padres y madres de toda España, junto a profesores en algunas comunidades autónomas, se sumaron a una huelga en contra de las reválidas y de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Partido Popular impuso durante su Gobierno en mayoría absoluta, pese a todo el rechazo que generó desde el principio.
Pero en menos de estos treinta días transcurridos desde entonces han sido muchos los acontecimientos que han rodeado a la norma, empezando por la respuesta a la huelga con un claro intento de engaño por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Porque no se puede definir nada más que así, como un engaño, el haber tratado de hacer creer que se eliminaban las reválidas cuando, en realidad, solamente se dejarán sin efectos académicos mientras que se intenta alcanzar algún tipo de acuerdo nacional alrededor de la educación.
Un intento de pacto que queda muy bien, por otro lado, de palabra aunque la realidad demuestre que está más próximo a un intento por aparentar del Partido Popular que a otra cosa. De lo contrario, no se explicaría que desde el Gobierno hayan amenazado con acudir al Tribunal Constitucional para tratar de paralizar la aplicación de las decisiones adoptadas por la oposición, en mayoría en el Congreso de los Diputados frente al PP, justo después de que se aprobara una iniciativa del PSOE por la que se tienen que suspender las reválidas y empezar a poner fin a la LOMCE.
Rajoy parece que no se ha dado cuenta de que ya no tiene mayoría absoluta ni de que cualquier propuesta tiene que ser consensuada. Pero ya le advertimos de que en el caso de que siga sin querer enterarse de su nueva situación en un asunto de tanta trascendencia como la educación, va a tener al PSOE de frente, siempre defendiendo un modelo público y de calidad que, hoy por hoy, nada tiene que ver con el que el PP quiere implantar.
Los socialistas queremos lo mismo por lo que estuvimos peleamos la Legislatura pasada que no es, ni más ni menos, que la derogación de la Ley Wert para, acto seguido, abrir un proceso de diálogo que conduzca a un gran pacto político y social del que nazca una ley de educación que garantice la igualdad de oportunidades. Y queremos que ese documento, además, vaya acompañado de la recuperación de un sistema de becas que permita el acceso o la continuidad de los estudios con independencia de la situación económica del estudiante y de su familia.
Dentro de los cambios que consideramos fundamentales en esta materia está también el que se ponga fin a los recortes de Rajoy en educación, para lo que reclamamos la recuperación progresiva del gasto público, y un compromiso de un suelo de gasto del 5% del Producto Interior Bruto. Solo con esta manera de actuar se conseguiría acabar con la terrible herencia de Rajoy por la que España está a la cola de la Unión Europea en gasto educativo.
Tenemos la hoja de ruta clara para conseguir lo que nos proponemos en forma de acciones parlamentarias y con las acciones oportunas de los gobiernos autonómicos socialistas. Porque el futuro de los jóvenes en este país no puede depender de que hayan tenido la suerte de formar parte de una familia con posibilidades económicas o de que vivan en comunidades como la andaluza, donde el Gobierno de Susana Díaz viene actuando como dique de contención tanto ante los recortes de Rajoy, con programas y ayudas propias, como ante la aplicación de la LOMCE.
Agenda
