El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha manifestado su preocupación por lo que considera una “discriminación” hacia Andalucía en el contexto de las políticas educativas del Gobierno central. Durante su intervención en la comisión parlamentaria, Villamandos criticó la reciente apertura del Gobierno a modificar el Real Decreto que establece criterios más estrictos para la creación de universidades, tras las objeciones planteadas por el País Vasco.
El consejero calificó este decreto como “arbitrario, parcial y profundamente injusto”, señalando que representa una intromisión en las competencias autonómicas y vulnera principios fundamentales de lealtad jurídica e institucional. A pesar de que comunidades gobernadas por el PP, incluida Andalucía, han presentado alegaciones al proyecto, el Gobierno parece ignorar estas preocupaciones.
Injerencias en competencias autonómicas
Villamandos subrayó que el nuevo decreto podría rozar la inconstitucionalidad al imponer requisitos para la creación y reconocimiento de campus que exceden lo permitido por la Constitución. En su opinión, esta normativa se presenta como una “cortina de humo” que oculta una injerencia directa en las decisiones autonómicas, especialmente en lo que respecta a las universidades online promovidas por las comunidades.
El consejero destacó que el Real Decreto otorga a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) un carácter vinculante y preceptivo, lo cual anula la capacidad de decisión de las regiones con sus propios organismos de calidad. Esta medida es vista como una clara violación de las competencias autonómicas en materia educativa.
Nuevos requisitos y retroactividad encubierta
Aparte de criticar la privatización implícita del sistema universitario, Villamandos también expresó su desacuerdo con los nuevos requisitos impuestos, como un número mínimo de estudiantes o porcentajes específicos de captación de fondos aplicables a proyectos ya iniciados. Además, lamentó que no se haya establecido un régimen transitorio adecuado para quienes ya habían adquirido derechos en este ámbito.
Finalmente, el consejero alertó sobre cómo este decreto altera el principio de seguridad jurídica mediante disposiciones transitorias que podrían afectar iniciativas universitarias previamente aprobadas. “Esperamos que nuestras alegaciones sean tenidas en cuenta y que prevalezca la razón”, concluyó Villamandos.
Alegaciones presentadas por Andalucía
La Consejería ha presentado dos alegaciones al proyecto del decreto. La primera se refiere a la definición del concepto de universidad con especiales características. Este término está vinculado a universidades estatales con presencia académica en todo el territorio nacional, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sin embargo, el cambio propuesto redefine esta categoría para incluir nuevas exigencias relacionadas con el modelo docente.
La segunda alegación señala como “contradictorio” que se exima a universidades privadas bajo un sistema de precios públicos de cumplir con los mismos requisitos establecidos para aquellas con especiales características. De acuerdo con esta alegación, si la supervisión estatal se justifica por la extensión territorial y modalidad docente, no debería renunciarse a esta función solo porque una universidad opere bajo precios públicos.
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