Tres acusados aceptan penas por tráfico de migrantes en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha dado inicio este lunes al juicio contra ocho individuos acusados de formar parte de una red que supuestamente facilitó la entrada irregular de numerosos migrantes sirios y argelinos a través de las costas almerienses. Esta actividad, que se habría llevado a cabo entre 2022 y 2023, comenzó con la aceptación de penas por parte de tres de los procesados, quienes reconocieron los hechos.

En detalle, tras una rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía, M.B. ha aceptado cumplir seis años de prisión, mientras que M.C.M.C. y A.C. han acordado cuatro años cada una. Cabe destacar que la defensa de M.C.M.C. presentó un informe psicológico que acredita su discapacidad psíquica, lo que podría permitirle evitar el ingreso en prisión.

Rechazo del acuerdo por parte del resto de los acusados

Los demás acusados, entre ellos el presunto líder E.M.F., así como S.C., R.A., Y.O.K. y Y.B., han optado por rechazar el acuerdo propuesto y enfrentan penas que varían entre siete y once años de cárcel, según lo solicitado inicialmente por el Ministerio Público.

El escrito de acusación provisional revela que la red operaba "mediante un sistema estructurado, concatenado y temporalmente estable" desde septiembre de 2022. Este grupo coordinaba con contactos en Argelia las salidas de embarcaciones tipo patera hacia las costas de Níjar, específicamente en áreas cercanas a San José y San Isidro.

Organización del traslado de migrantes

Una vez que los migrantes llegaban a tierra, los acusados se encargaban de recogerlos, alojarlos temporalmente en viviendas y garajes, y organizar su traslado hacia Cuenca para facilitar su posterior salida hacia países como Alemania, Francia o Luxemburgo mediante vuelos regulares adquiridos a través de agencias o plataformas online.

Durante esta primera sesión del juicio, el abogado defensor de E.M.F., José Miguel Ramos, solicitó la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. Esta petición fue respaldada por la defensa de Y.O.K., representada por Piedad Moreno, junto a otros letrados que manifestaron su intención de ampliar sus argumentos en futuras sesiones.

Estructura interna de la organización

El Ministerio Público ha detallado en su escrito que cada uno de los acusados desempeñaba un papel específico dentro de la organización. Así, E.M.F. y M.B. actuaban como "líderes y organizadores", dirigiendo al resto del grupo y gestionando tanto los desplazamientos como los cobros. S.C., conocido como 'Slowo', se encargaba "de las labores de conductor, vigilante y enlace con Argelia".

Por otro lado, R.A. tenía bajo su responsabilidad la gestión de reservas aéreas y la alimentación de los migrantes. M.C.M.C. proporcionaba alojamiento, comida y billetes de avión; mientras que Y.O.K. alquilaba vehículos para los traslados. A.C. y Y.B., por su parte, ofrecían sus domicilios y garajes para acoger a los recién llegados.

Cobros e investigación policial

Según la acusación, el grupo cobraba entre "600 y 950 euros" por cada migrante trasladado e implementaba sistemas como Hawala, RIA y Western Union para recibir pagos desde Siria, Argelia o Europa. Además, algunos billetes fueron abonados "a través de agencias de viajes y plataformas online" utilizando datos personales y bancarios pertenecientes a uno de los acusados.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil mediante el grupo especializado en inmigración irregular UCE-3 permitieron documentar las actividades del grupo a través "de intervenciones telefónicas, seguimientos y registros" tanto en Almería como en Cuenca.

A lo largo de estos operativos se intervinieron teléfonos móviles, documentación relevante, vehículos y otros efectos relacionados con la trama criminal. No obstante, la defensa ha cuestionado la legalidad de estas pruebas, lo cual podría influir significativamente en el desarrollo del juicio.

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