Las autoridades han intensificado la vigilancia en las playas y ríos, imponiendo sanciones de hasta 650 euros a quienes utilicen detectores de metales sin la debida autorización. Esta medida se suma a un total de 13 multas que han sido emitidas en los últimos cuatro años.
La normativa vigente establece que el uso de estos dispositivos está restringido y requiere permisos específicos, dado que su empleo puede afectar el patrimonio cultural y medioambiental de las zonas naturales. La Policía Autonómica ha estado realizando operativos para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones.
Operativos de control y concienciación
En este contexto, la Policía ha llevado a cabo diversas intervenciones en las que se han incautado varios detectores de metales. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que respete las normativas establecidas y evite sanciones innecesarias.
El uso irresponsable de estos aparatos no solo conlleva multas económicas, sino que también puede dañar sitios arqueológicos o históricos. Por ello, es fundamental que los usuarios estén informados sobre las leyes que rigen esta actividad.
Un problema creciente
A medida que aumenta la popularidad del uso de detectores de metales, también lo hace la preocupación por su impacto en el medio ambiente y el patrimonio cultural. Las multas son una herramienta para desincentivar prácticas ilegales y proteger los recursos naturales.
Las autoridades continuarán con sus esfuerzos para garantizar que se respeten las normativas, recordando a todos los interesados que siempre es mejor actuar dentro del marco legal establecido. La colaboración ciudadana es clave para preservar nuestros espacios naturales y culturales.
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