El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado de forma definitiva la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario que actualiza las tarifas de los servicios del cementerio municipal. La medida, impulsada y defendida por el equipo de gobierno del PP, ha generado un intenso debate político y ha chocado con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, quienes consideran que este incremento supone un castigo económico injustificado para los ciudadanos y cuestionan severamente la interpretación legal que se ha hecho del contrato de concesión original para llevar a cabo esta subida.
El portavoz de Vox, Francisco Rojas, centró su intervención en denunciar lo que considera una modificación encubierta del contrato de gestión. Según detalló en el pleno, la cláusula cuarta del acuerdo y el punto 28.2.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares establecían una revisión periódica a los dos años de la formalización, sin mencionar en ningún momento una periodicidad anual. Rojas expuso que, tras presentar su grupo unas alegaciones de cinco puntos el 20 de enero, un informe técnico emitido el 2 de febrero reemitió una reinterpretación de los pliegos para fijar precisamente esa revisión anual, acuerdo que terminó siendo respaldado por la Junta de Gobierno el 27 de febrero de este año 2026.
Para la formación, este movimiento administrativo no aclara una duda, sino que introduce una nueva regla que encarece directamente el servicio para los vecinos de Almería, advirtiendo además de que la maniobra excede la mera interpretación y podría determinar la invalidez del acuerdo. Asimismo, reprochó a la portavoz del gobierno local una supuesta falta de implicación, asegurando que tuvo que ser la propia oposición quien le advirtiera de la apertura del periodo de exposición pública en los boletines oficiales.
Por su parte, el concejal Raúl Enríquez, en representación del PSOE, respaldó los argumentos expuestos por su homólogo y subrayó que la subida del 4,87 por ciento se sitúa muy por encima del índice de precios al consumo interanual. El edil socialista argumentó que este cálculo repercute de manera errónea en los ciudadanos los incrementos salariales de los trabajadores derivados de un nuevo convenio colectivo, una contingencia que, a su estricto juicio, debería formar parte del riesgo y ventura de la empresa contratista y no recaer sobre los usuarios. Enríquez también aprovechó su turno para trasladar a la cámara la delicada situación judicial de la mercantil concesionaria, recordando que sigue siendo investigada en un procedimiento tras estimarse un recurso de apelación en la Audiencia y ordenarse la práctica de nuevas diligencias. En este sentido, acusó al equipo de gobierno de actuar más como defensa de la compañía investigada que como garante de los intereses de la población de Almería.
Frente a todas estas acusaciones, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Sagrario Sánchez, defendió la estricta legalidad de la ordenanza, argumentando que da fiel cumplimiento tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a los propios pliegos de la concesión. En concreto, remitió a la cláusula 6.428.2.3, que obliga a una revisión periódica de las contraprestaciones económicas para recuperar la inversión en este tipo de adjudicaciones de larga duración. Sánchez aclaró que el documento original contenía un error al no fijar la temporalidad exacta de dicha revisión, un defecto que fue subsanado legalmente mediante una rectificación aprobada en la Junta de Gobierno Local el 21 de noviembre de 2025, lo que permitió someter el proyecto de ordenanza el 28 de noviembre y alcanzar su aprobación inicial el 15 de diciembre de ese mismo año.
En cuanto al aspecto económico, la representante municipal puntualizó que la fórmula de revisión de precios incluida en el contrato sí contempla explícitamente el peso del coste de la mano de obra, justificando así que el aumento supere al incremento general de precios. Finalmente, en el terreno judicial, aclaró de forma tajante que ni el Ayuntamiento de Almería ni sus máximos responsables políticos están imputados en la causa mencionada, esgrimiendo un auto de sobreseimiento provisional dictado el 4 de enero de 2024, y exigió a la oposición un mayor rigor al evaluar la exhaustiva documentación técnica aportada.
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