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Nuevas oportunidades y derechos

lunes 22 de octubre de 2018, 10:24h

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En las últimas semanas, en Andalucía se han tomado importantes medidas que van a mejorar ostensiblemente la vida de muchos ciudadanos. Desde que Susana Díaz llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía, la economía y el empleo han ido a mejor. Así lo demuestra que hoy haya en nuestra comunidad autónoma medio millón de desempleados menos que hace cinco años o que, para 2018, se espere que Andalucía bata récords y alcance el PIB más elevado de su historia. La economía y el empleo han mejorado, pero con el Gobierno de Díaz también se han ampliado los derechos y las oportunidades.

Hace apenas un mes, el curso universitario arrancaba en Andalucía con la noticia de la extensión de la bonificación de las matrículas universitarias al conjunto de enseñanzas superiores. Como se recordará, esta medida del Gobierno andaluz —que permite estudiar prácticamente gratis a aquellos alumnos que van aprobando las asignaturas en primera matrícula— se comenzó aplicando el curso pasado a las universidades andaluzas y este año se ha ampliado al estudiantado andaluz matriculado en la Universidad Nacional a Distancia y en los centros adscritos a las universidades públicas, así como a los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores.

Esta medida —que es pionera en el conjunto del Estado y constituye el primer paso para avanzar hacia una universidad con matrícula gratuita o simbólica, como la que tienen países referentes en Europa— ha beneficiado, sólo en su primer año de aplicación, a 5.235 estudiantes de la Universidad de Almería.

El socialismo andaluz tiene en la igualdad de oportunidades uno de sus principios incuestionables. En esa igualdad de oportunidades se enmarca la decisión de bonificar las matrículas universitarias, pero también cada paso que se da en materia de dependencia, por poner otro ejemplo.

Andalucía ha blindado la Ley de Dependencia durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, en los que el Gobierno central incumplió de manera sistemática su obligación de aportar el 50% de la financiación, llegando a poner menos del 20%. El 80% restante lo costeó la Junta de Andalucía con fondos propios, desde el convencimiento de que no se podía dejar a los dependientes desatendidos.

Afortunadamente, las cosas ya han cambiado en Madrid, pero el compromiso de la Junta con la dependencia se mantiene. Tanto es así, que se acaba de aprobar una inversión adicional de 365 millones de euros y las incorporación de 17.000 andaluces más al sistema de la Dependencia.

También se ha aprobado en los últimos días —esta vez en el Parlamento de Andalucía, con el impulso del Gobierno—, la nueva Ley de Igualdad de Andalucía, que incluye, entre otras cuestiones, la obligación de actualizar el complemento autonómico de las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas en función de lo que suban los precios.

Y para que cada vez haya menos ciudadanos que se queden con una pensión no contributiva por no haber podido cotizar lo suficiente, el Gobierno andaluz sigue aprobando medidas. La más reciente ha sido la ampliación de los planes de empleo dirigidos a mayores de 55 años, que han pasado de los 15 millones de euros con los que se les dotó inicialmente a contar con 60 millones. Con este dinero, la Junta pagará entre 1.300 y 1.700 euros mensuales a los ayuntamientos por cada desempleado mayor de 55 años al que contraten, ayudando así a volver al mercado de trabajo a quienes, con la crisis, se quedaron en paro con una edad avanzada, pero sin los suficientes años cotizados.

En definitiva, los andaluces tenemos la suerte de contar con un Gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades y que vela por que nadie se quede atrás.