En abril, Noticias de Almería informó que la Desaladora del Bajo Almanzora no estaría operativa hasta, como mínimo, 2025. Esto a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a que estaría lista en 2024, tras haber quedado destruida en septiembre de 2012 por las inundaciones en el Levante almeriense, apenas un año después de su inauguración.
En enero de 2023, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció que la reparación y puesta en funcionamiento de la desaladora estaba en marcha. Sin embargo, los plazos no se han cumplido según lo previsto. En abril, se estaba supervisando el proyecto redactado, pero aunque salió a licitación por unos 16,3 millones de euros y se adjudicó por menos, acabará costando bastante más… si no hay más sorpresas.
El Ejecutivo había asegurado que la desaladora estaría operativa en 2024, pero las últimas noticias indican que esto podría no ser posible hasta julio de 2025, 14 años después del desastre. La empresa Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L. ha sido adjudicataria de la asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud para la terminación de las obras de ampliación de la protección de la planta desaladora.
Lo cierto es que, destruida en 2012, no fue hasta el 30 de julio de 2021, ocho años después, cuando se publicó la licitación del proyecto constructivo. El 27 de abril, los 48 meses inicialmente previstos para la ejecución se extendieron a 53 tras aprobarse una modificación. Como se adjudicó en febrero de 2022, esto llevaba la terminación a julio de 2026. Esa modificación tenía un coste de 167.248,34 euros.
Este mes de septiembre se ha producido otra nueva modificación del contrato, cuyo coste es de 1.361.302,33 euros. Esta modificación se describe como “derivada de la necesidad de incrementar el lastrado de las tuberías de captación y vertido de la obra marina de la desaladora”. Esta necesidad surge tras estudiar las causas del desplazamiento y roturas del inmisario, a partir de la revisión de su cálculo y por los condicionantes derivados del informe complementario de afecciones a la Red Natura 2000. Todo ello no estaba incluido en el alcance inicial del contrato y está relacionado con el incremento de los trabajos a realizar.
En el documento de modificación se recogen las condiciones del contrato inicial, es decir, un plazo de 48 meses, pero a diferencia de la primera modificación mencionada, no detalla cuánto tiempo se suma, ni si es a esos 48 meses o a los 53.
De momento, y sin contar el IVA, a los 13,5 millones iniciales hay que sumarle 167.248,34 euros del primer modificado y 1.361.302,33 euros del segundo, alcanzando los 15.042.320,98 euros. Con el impuesto correspondiente, el coste supera los 18 millones, que es más del máximo establecido en la licitación.
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