El Parlamento de Andalucía ha vivido sus dos jornadas de rigor para entronizar, de nuevo, a Juan Manuel Moreno Bonilla. El lunes asistimos al monólogo del candidato y el martes al cruce de pareceres entre los grupos.
Lo verdaderamente sustancioso de la jornada de réplicas no estuvo en la pomposidad institucional, sino en el indisimulado cortejo entre Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuel Gavira. Los guiños mutuos entre el candidato popular y el portavoz de Vox fueron tan evidentes que el acuerdo de legislatura no es que parezca inminente, es que se da por descontado. Tanto es así que en los pasillos de la cámara andaluza ya nadie descarta que no haga falta agotar los plazos de una tercera votación; la fumata blanca con el primer 'sí' definitivo podría llegar apenas 48 horas después de la primera tentativa.
En este juego de equilibrios llamó la atención la calculada oratoria del candidato del Partido Popular. Salvo error u omisión en las actas parlamentarias, Juan Manuel Moreno Bonilla evitó pronunciar la palabra "prioridad nacional" a lo largo de sus intervenciones. Una prudencia léxica llamativa cuando se aspira a dirigir el destino de ocho millones de personas en connivencia con aquellos que no saben hablar de otra cosa.
Por su parte, el papel de Manuel Gavira resultó difícil de calificar sin caer en el desánimo. Su discurso fue plano, deslavazado y trufado de reiteraciones, un tono que pareció más orientado a rellenar el tiempo asignado en el cronómetro que a aportar sustancia política. Resulta incomprensible que, siendo plenamente consciente de que los focos de Andalucía se posaban sobre su intervención, el portavoz de Vox despachara el trámite con un catálogo de lugares comunes que no añadieron el más mínimo valor al debate.
Más allá de la evidente distancia ideológica con las recetas de Vox, el verdadero motivo de preocupación que arroja este entendimiento es la deriva estratégica a la que parece arrastrar a Juan Manuel Moreno Bonilla, que esquivó la "prioridad nacional" pero se entregó al otro argumentario. El debate evidenció cómo el discurso del futuro Ejecutivo andaluz se desliza peligrosamente hacia el terreno de la confrontación sistemática con el Gobierno central, asumiendo el mantra de que Andalucía debe convertirse en el "bastión" contra el sanchismo, que es lo defendido por la ultraderecha.
Ese camino ya se ha recorrido antes en la historia política del Estado y nunca ha traído buenos resultados para las provincias periféricas. Andalucía no tiene por qué ser el bastión de nadie ni trinchera contra ningún Ejecutivo, sea del signo que sea. El Palacio de San Telmo debe hacer política por y para Andalucía, sin asumir el desgaste de una batalla nacional que responde a dinámicas de partido y no a las necesidades de sus ciudadanos.
El papel de una autonomía es exigir con rigor lo que por justicia le corresponde en materia de financiación o infraestructuras, no ocupar el lugar de una opción política de la oposición estatal.
Este vicio de utilizar las instituciones andaluzas como ariete no es nuevo. Conviene recordar la etapa en la que Manuel Chaves alimentó una dura estrategia de litigiosidad contra el Gobierno central de José María Aznar a cuenta de la llamada "deuda histórica". Sin embargo, la combatividad jurídica de la Junta de Andalucía se evaporó de golpe en cuanto las elecciones estatales cambiaron el color del Ejecutivo central y José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia, momento en el que el posterior presidente andaluz, José Antonio Griñán, terminó cerrando el contencioso mediante un polémico acuerdo de pago en especie con solares estatales. Se acabó el problema... cuatro euros y a callar la boca.
La historia demuestra que cuando los gobiernos autonómicos juegan a ser la avanzadilla de sus partidos en Madrid, los intereses locales quedan supeditados a la estrategia de Ferraz o de Génova. El Gobierno andaluz no debe ser el campo de batalla de la política estatal. Su obligación es defender las carencias estructurales de la provincia de Almería y del resto de territorios andaluces mediante la gestión y la reivindicación firme, no convirtiendo el Parlamento en una barricada partidista.
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