PP y Vox se niegan a ceder el gobierno de Garrucha como habían pactado

​Los hechos se remontan a una reunión celebrada el 14 de noviembre de 2025 entre el alcalde Pedro Zamora y la dirección provincial del Partido Popular de Almería. En dicho encuentro se acordó adelantar el relevo en la máxima autoridad municipal al 1 de enero de 2025 para que Álvaro Ramos asumiera la responsabilidad del gobierno. Esta decisión de la cúpula provincial de la formación popular respondía a la necesidad de intervenir ante la aparición de decenas de informes del interventor municipal. Dichos documentos advertían de numerosas irregularidades administrativas tanto de la etapa del anterior gobierno socialista como de la gestión actual liderada por Zamora, incluyendo reparos en la totalidad de las nóminas, cobro de complementos de forma irregular y un grave quebranto a la Hacienda pública en los procesos de estabilización de empleo.

​La situación contable del consistorio garruchero presenta, según la información facilitada, un escenario de extrema complejidad. Los informes técnicos señalan la existencia de productividades concedidas desde la Alcaldía sin la debida justificación, aumentos salariales firmados por el propio regidor y una supuesta obstaculización a la labor de los servicios de intervención. A esto se suma la inminente publicación de un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma que podría confirmar un agujero económico de cuantía millonaria derivado de la gestión precedente. Desde Garrucha con la Gente se subraya que estas anomalías persisten bajo el actual mandato con el consentimiento del representante de Vox.

​El incumplimiento del acuerdo para el traspaso de la Alcaldía, que Pedro Zamora llegó a confirmar a Álvaro Ramos mediante comunicaciones de mensajería instantánea, ha provocado la dimisión de este último de sus cargos en el equipo de gobierno. Ramos justifica su salida por la imposibilidad de restituir la legalidad y perseguir la corrupción desde dentro de un ejecutivo que, a su juicio, desobedece las directrices de su propio partido en la provincia de Almería. Asimismo, el edil saliente ha vinculado este cambio de actitud del alcalde a su intención declarada de investigar las alteraciones en los sueldos de los cargos políticos, tanto de la actual corporación como de la anterior.

​La formación Garrucha con la Gente también ha denunciado la existencia de un pacto tácito entre Pedro Zamora y la anterior alcaldesa, María López Cervantes, destinado a evitar la fiscalización de mandatos pasados. En este contexto, se critica la parálisis en proyectos clave como el arreglo de la rotonda de La Simona o la negativa a implementar medidas correctoras y un canon económico por la carga de yeso en el Puerto de Garrucha, actividad que genera un impacto directo en los residentes. Por su parte, el concejal de Vox, José Antonio Alonso, se ha mostrado contrario a la devolución de sueldos percibidos indebidamente por personal municipal, argumentando posibles conflictos con los trabajadores públicos.

​Tras presentar su dimisión, Álvaro Ramos ha anunciado que iniciará las vías administrativas y judiciales necesarias para depurar responsabilidades sobre los millones de euros que considera perdidos para el erario público de Garrucha. El exmiembro del gobierno local sostiene que existen documentos ocultos para proteger a la anterior gestión y augura que, en las próximas sesiones plenarias, se visualizará una convergencia de voto entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox con el fin de evitar que las irregularidades detectadas tengan consecuencias legales o económicas.