La fase final de las declaraciones judiciales en el marco del conocido caso Mascarillas en la provincia de Almería entra en una semana determinante. Para este jueves está prevista una sesión clave a la que asistirán, entre otros investigados, el expresidente de la Diputación de Almería y del PP, Javier Aureliano García, junto a sus dos hermanos, quienes también se encuentran imputados en la causa. Asimismo, comparecerá el actual diputado provincial y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, a quien las autoridades investigan por su rol de empresario en combinación con su esposa.
El juez instructor centra sus indagaciones en los contratos que las sociedades mercantiles Inversiones y Construcciones Tágilis y Constíjola suscribieron con la Diputación de Almería, unas adjudicaciones que presuntamente habrían contado con la colaboración del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento, Óscar Liria. Existen sospechas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de que el alcalde de Tíjola, responsable directo del área de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, pudo haber manipulado estos concursos públicos valiéndose de otras sociedades y personas interpuestas con el único fin de asegurar contratos fraudulentos que beneficiaran sus propios intereses económicos. A estas declaraciones se sumará la de un funcionario del Área de Obras Públicas que fue arrestado durante los registros efectuados en el mes de noviembre, debido a su presunta participación en los procesos de adjudicación vinculados a los programas de reactivación económica financiados con fondos para la recuperación de la crisis sanitaria.
Los investigadores de la causa sostienen que este entramado de adjudicaciones ilícitas podría haber generado importantes comisiones a Óscar Liria, unos fondos que posteriormente se habrían distribuido entre otros cargos públicos de la provincia, incluyendo al exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, y al propio expresidente de la Diputación de Almería. Por otro lado, Javier Aureliano García volverá a comparecer el viernes junto a sus hermanos y diversos empresarios vinculados a la causa principal, tras haber sido arrestado en noviembre bajo la acusación de delitos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación, cohecho y pertenencia a organización criminal. En su primera comparecencia, el exdirigente del PP optó por responder únicamente a las preguntas formuladas por su representación legal, eludiendo aclarar el contenido de los mensajes de WhatsApp intercambiados con Giménez y Liria. Estos textos, redactados con un peculiar lenguaje odontológico, hacían supuesta alusión al cobro de comisiones ilegales. Entre las pruebas destaca el envío del emoji de una muela al grupo de chat denominado 'Naranjito', enviado apenas unos minutos después de estampar la firma en el decreto del 8 de abril de 2020 para un contrato de material sanitario superior a los dos millones de euros, operación en la que los investigadores calculan un sobrecoste del 42,27 por ciento.
Frente a estas acusaciones, el expresidente argumentó en su defensa que los mensajes carecían de un contexto claro y alegó que frases como "me tengo que hacer una limpieza" o "tengo las muelas picadas" constituían simples metáforas para expresar necesidades de dinero, sin aportar más detalles específicos. Del mismo modo, justificó que la firma de miles de contratos entraba dentro de su rutina habitual de gestión en Almería, asegurando que los expedientes solo llegaban a su mesa tras superar los controles técnicos preceptivos y que él jamás intervenía en las mesas de contratación. No obstante, durante su declaración evitó pronunciarse de manera directa sobre el contrato de emergencia destinado a la adquisición de mascarillas, guantes y equipos de protección individual, a pesar del riguroso seguimiento que requería este expediente por su elevado volumen presupuestario en los inicios de la pandemia.
En relación con las sospechas de blanqueo de capitales, García ofreció explicaciones sobre el origen del dinero en efectivo que manejaba de forma conjunta con sus dos hermanos imputados. Sostuvo que el origen de estos fondos se halla en los alquileres de un patrimonio familiar heredado de sus progenitores en el municipio de Balanegra, que engloba tanto viviendas como locales comerciales. Según su testimonio, los inquilinos abonaban las rentas en metálico por pura costumbre, si bien insistió en que todos estos ingresos están debidamente declarados ante la administración fiscal, sumando entre 160.000 y 180.000 euros percibidos desde el año 2016. Explicó que su hermana era la encargada de la gestión directa de los inmuebles y de custodiar el dinero en un fondo común familiar, del cual él disponía según las necesidades o reparaciones de las propiedades. En el registro de la vivienda de su hermana se intervino una caja fuerte con 7.620 euros junto a una nota manuscrita que indicaba explícitamente la propiedad de Javier Aureliano. Finalmente, respecto a las tesis policiales que apuntan al empleo de fondos de origen desconocido para la adquisición de una vivienda en Almerimar, García aseveró que dichos pagos procedían de los ahorros en efectivo de los citados alquileres de Balanegra, motivo por el cual no constaban movimientos en sus cuentas bancarias, añadiendo además que empleó unos 20.000 euros de esos mismos ahorros para la compra de una finca rústica en la localidad de Rodalquilar.
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