Parece que el inicio de la campaña electoral en la provincia de Almería ha traído consigo el consabido despliegue de pirotecnia dialéctica a cargo de Rodrigo Alonso. El candidato de VOX ha decidido que, para calentar motores de cara al 17 de mayo, lo mejor no es hablar de las infraestructuras ferroviarias que nunca llegan o del déficit hídrico que asfixia al campo, sino rescatar el viejo espantapájaros de los menores extranjeros no acompañados. En un ejercicio de prestidigitación política, Rodrigo Alonso ha inaugurado su carrera hacia el Parlamento de Andalucía acusando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de otorgar supuestos privilegios a estos jóvenes frente a los españoles, basándose en una interpretación —por llamarlo de alguna manera creativa— de la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Lo cierto es que la realidad es bastante más terca que un argumentario de campaña. Rodrigo Alonso sostiene que el Gobierno de Juanma Moreno garantiza vivienda y trabajo a los extranjeros hasta los 25 años, mientras los jóvenes españoles tienen que buscarse la vida. Es una mentira tan redonda que casi da pena deshacerla, pero la rigurosidad obliga. El Programa de Transición a la Vida Adulta de la Junta de Andalucía no distingue por pasaportes, sino por vulnerabilidad. Se dirige a jóvenes extutelados, es decir, chicos y chicas que han crecido bajo la protección del sistema público porque sus familias biológicas —españolas en su práctica mitad— no pudieron o no quisieron hacerse cargo de ellos por motivos que van desde el maltrato a la drogadicción o el abandono.
Resulta curioso que Rodrigo Alonso omita que esos "privilegios" son, en realidad, una red de seguridad para que un chaval que cumple 18 años y no tiene absolutamente a nadie en el mundo, no termine durmiendo en un cajero de la capital. La ley busca evitar que el Estado (que es España) y la Comunidad Autónoma de Andalucía tiren a la basura la inversión realizada durante años en su tutela. Y sí, el acompañamiento puede extenderse hasta los 25 años, pero para todos: para el joven de Albox que fue retirado de su hogar por orden judicial y para el que llegó en patera. El criterio no es la procedencia, es la orfandad social. Comparar la situación de un joven extutelado con la de un veinteañero que vive con sus padres en una familia estructurada es, además de una falacia lógica, una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía.
En la provincia de Almería, a pesar del ruido que intenta generar Rodrigo Alonso, no existe un "problema de bandas de menas" ni una alarma social que justifique convertir este tema en el eje central de un programa político. No hay denuncias masivas, no hay conflictos vecinales irresolubles, no hay nada más que una convivencia que, con sus roces lógicos, funciona. Sin embargo, el objetivo es fabricar el conflicto donde solo hay gestión administrativa. Es mucho más sencillo agitar el miedo al "otro" que explicar por qué las políticas de vivienda para la población general siguen siendo insuficientes en todo el Estado.
Miente Rodrigo Alonso cuando asegura que hay una preferencia étnica en la adjudicación de recursos. El sistema de protección a la infancia de Andalucía, gestionado actualmente por la consejería que dirige Loles López, atiende a unos 5.000 menores, de los cuales una parte significativa son españoles. Al candidato de VOX parece olvidársele que esos niños españoles, rescatados de entornos de exclusión, también son beneficiarios de las medidas que él tacha de "privilegios para extranjeros".
La estrategia es vieja: si la verdad no te sirve para ganar votos, invéntate una realidad paralela donde la solidaridad es un agravio y la igualdad de oportunidades una traición. La campaña acaba de empezar y, visto lo visto, la ficción va a cotizar al alza en los mítines de la provincia.
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