La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha defendido este jueves que el servicio de transporte de urgencias y emergencias que se ofrece en Almería se planifica bajo “criterios técnicos y de emergencia sanitaria” con el fin de dar cabida “a toda la población” de la provincia, de modo que las ambulancias, conforme al equipamiento que contienen, se distribuyen en función de la situación geográfica del resto de recursos asistenciales, como ambulatorios y hospitales.
Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía tras la pregunta efectuada por el parlamentario andaluz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, quien ha afeado la “desigualdad” en cuanto al servicio que se presta en Almería en función del lugar en el que se asiente la población al haber “ambulancias de primera para unos pueblos, que están mejor equipadas, y ambulancias, podríamos llamarles de segunda, para otros municipios”.
García ha incidido en que el reparto de estas ambulancias lo hacen “equipos técnicos” que “se dedican a velar por que la distribución de los recursos dé cabida a toda la población de Almería”. “Hay lugares muy alejados donde el equipamiento es mucho mayor, porque su acceso a un hospital o a un centro sanitario está más lejano”, ha justificado la consejera.
En esta línea, la titular andaluza de Salud ha defendido los criterios empleados para distribuir los equipamientos de los que disponen las ambulancias, ya que el objetivo “no es que todo el mundo tenga el mismo equipamiento” dado que ello, ha aseverado, resultaría “inviable”.
La consejera ha defendido además que desde 2018 el contrato de ambulancias en la provincia de Almería se ha incrementado en un 26,3 por ciento, de los 11 a los 16 millones de euros, como parte de la “garantía” en la mejora del servicio, con un “aumento del número de trabajadores” y “del servicio”, según ha explicado.
“Nuestro objetivo es garantizar que el transporte sanitario urgente y de emergencias en Almería pueda dar solución a la población de Almería y de esa manera trabajamos de la mano del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias”, ha añadido García, quien ha afeado que bajo el gobierno del PSOE se llegará a tener “un equipo de guardia a cinco kilómetros de un municipio donde había dos equipos de guardia, en una población de 350 habitantes”.
De otro lado, la consejera ha animado al diputado autonómico socialista a que acuda a los juzgados a denunciar el contrato que se efectuó durante la pandemia para reforzar el servicio de ambulancias después de que Lorenzo afirmara que se autorizó un gasto de hasta 105 millones de euros y se licitó el contrato “sin autorización del Consejo de Gobierno ni fiscalización previa”.
“En Almería, en los momentos más duros de la pandemia, ustedes contrataron 27 ambulancias, de primera para una urgencia vital, con un equipamiento de última generación, y otras 31 que no lo llevan. Esto es bastante grave”, ha valorado Lorenzo, quien se ha interesado por acceder al contrato que “esconden” ya que el mismo, según ha aseverado, no ha podido ser localizado a través del Portal de Transparencia.
Así, ha afeado que ni la consejera, ni el exconsejero de Salud ni tampoco el gerente del SAS en su momento dieran “ninguna explicación a los almerienses” sobre un reparto de ambulancias que se produjo “a su antojo” y “con criterios discutibles dependiendo de un interés que creo que no es el interés sanitario”, ha dicho.
“Hablan ustedes mucho de igualdad entre españoles pero no predican con el ejemplo en casa y además lo hacen huyendo de la fiscalización y huyendo también de la transparencia”, ha criticado el dirigente socialista.
La polémica sobre el servicio de ambulancias en Almería se suma a otras controversias que han afectado al sistema sanitario andaluz en los últimos meses, como la falta de personal, el cierre de camas, el colapso de las urgencias o la gestión de la vacunación contra el covid-19.
El PSOE ha acusado al gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, de “desmantelar” la sanidad pública andaluza y de “privatizar” servicios esenciales, mientras que la Junta ha defendido su apuesta por la mejora de la calidad asistencial y la inversión en recursos humanos y materiales.