El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha advertido de la situación de “clara desigualdad” en la que mantiene Moreno Bonilla a los orientadores escolares de Andalucía y a la provincia de Almería en materia de orientación educativa, un servicio “esencial en la detección de necesidades específicas y en la atención al alumnado, especialmente en las primeras etapas de la vida”. Sánchez Teruel ha recordado que organismos como la UNESCO, la OCDE y la Asociación Internacional para la Orientación recomiendan un orientador por cada 250 estudiantes, “una cifra muy alejada de la realidad que sufren los centros educativos andaluces”.
El diputado autonómico ha alertado de que los orientadores con capacidad de evaluar soportan cargas inasumibles y tremendamente desiguales, con ratios que están entre los más de 700 alumnos asignados por profesional y los 1.200. Una situación que, según ha dicho, deriva en listas de espera y provoca que “muchos alumnos no sean atendidos por falta de recursos humanos para evaluar, determinar y prestar la atención necesaria”.
De forma particular, ha denunciado que Almería es una de las provincias más perjudicadas ya que, a pesar de tener más población escolar que otros territorios andaluces, cuenta proporcionalmente con menos orientadores. “El número de profesionales con capacidad de evaluar necesidades de atención específica no se ha adaptado al crecimiento de la población escolar atendida y esto debe corregirse”, ha insistido.
Una consecuencia directa de esto, según ha señalado Sánchez Teruel, es que en Almería se detectan menos niños que necesitan atención temprana que en provincias con menos población infantil. “No es normal que Córdoba atienda a 1.400 menores más en atención temprana que Almería, pese a que nuestra provincia tiene cerca de 10.000 niños más de 0 a 6 años”, ha asegurado.
Asimismo, ha descrito la orientación educativa como “un ejemplo muy claro de la desigualdad con la que gobierna Juanma Moreno en Andalucía”, enumerando hasta cuatro niveles distintos de discriminación que afectan a estos profesionales. Entre ellos, ha mencionado la diferencia de condiciones laborales entre el personal docente de orientación y el resto de las docentes; la desigualdad profesional entre orientadores que pueden evaluar y quienes no pueden hacerlo; o las diferentes condiciones de trabajo que aplican a quienes realizan evaluaciones en Infantil y Primaria respecto a los de Secundaria. A ello hay que sumar, ha indicado, las ratios tan dispares que tienen los orientadores que evalúan al alumnado, “unos tienen más de 700 alumnos asignados, otros más de 800, otros más de 900 o 1.000”, como por ejemplo en el Poniente almeriense.
Según ha indicado, conocer el número real de orientadores con capacidad de evaluar al alumnado por provincia “es muy difícil e importante”. La Junta de Andalucía aporta datos globales, aunque conviven dos tipos de personal de orientación: el financiado con fondos propios y el que depende del Fondo Social Europeo (FSE). Esta diferencia, ha subrayado, no es menor, porque el personal costeado con FSE “no puede realizar evaluaciones psicopedagógicas al alumnado”, una limitación expresamente recogida en la normativa. “Cuentan como orientadores, pero no puede evaluar ni determinar necesidades de atención específica en el alumnado” ha matizado el diputado.
A partir de esta premisa, el parlamentario socialista ha reclamado a la Junta que aclare cuántos orientadores hay en cada provincia con capacidad de evaluar al alumnado y determinar sus necesidades de atención específica, ya que los que se pagan con fondos europeos no pueden hacer ese trabajo. “Ese dato es imprescindible para evaluar la equidad del sistema y las necesidades reales de cada territorio” ha señalado.
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