La Sala de lo Civil y Penal califica los hechos ocurridos en la capital almeriense como un delito continuado y corrige la resolución de la Audiencia Provincial por falta de motivación en la medida de expulsión del Estado español.
La justicia remarca la paradoja de intentar justificar la integración social con antecedentes por maltrato a la pareja y exige acreditar un verdadero esfuerzo de inserción laboral y comunitaria en España
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