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Un informe solo salva dos de las agencias de la Junta de Andalucía
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Un informe solo salva dos de las agencias de la Junta de Andalucía

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El dossier tiene casi 600 páginas y fue encargado por el actual Gobierno

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha dado traslado al Consejo de Gobierno del informe realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce agencias públicas empresariales, uno de los pasos emprendidos en el marco de la racionalización del sector instrumental de la Junta. A tal efecto, el Ejecutivo andaluz encargó a la Intervención General mediante Acuerdo de 26 de enero de 2019, en su sesión celebrada en Antequera (Málaga), la realización de actuaciones de auditoría sobre el sector público andaluzque "se dirigirán a verificar la adecuada distribución competencial entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los fines que en su día justificaron la creación de las entidades y, en su caso, si las mismas constituyen el medio más idóneo para lograrlos".

La Intervención considera que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que deben prestar siguen vigentes, si bien manifiesta que las competencias que desarrollan estos entes y las consejerías de adscripción no están bien delimitadas, lo que favorece la existencia de duplicidades de funciones, y concluye que solo en dos casos de los doce analizados -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)- está justificado que sean agencias públicas empresariales, lo que no significa que no haya detectado áreas de mejora en su gestión.

En cuanto a si las agencias públicas empresariales constituyen el medio más idóneo para el cumplimiento de sus fines, la respuesta general de la Intervención es negativa, ya que no aprecia evidencias de que la fórmula jurídica de agencia pública empresarial logre sus objetivos de una manera más eficaz que la propia Administración de la Junta de Andalucía. Esta figura jurídica debe regirse por técnicas de gestión empresarial, una dirección estratégica, autonomía en la gestión y la evaluación permanente de objetivos, entre otras cuestiones que actualmente no se cumplen.

Las entidades que han sido objeto de la auditoría por parte de la Intervención General son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía(APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía(ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, la Intervención General de la Junta lanza una serie de recomendaciones que están relacionadas con aspectos legales, de concepto y funcionamiento de las propias agencias y encaminadas a reforzar y mejorar el control y la eficacia de estos entes instrumentales. Así, la Intervención recomienda que se devuelvan competencias a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias.

Asimismo, sugiere definir mejor la diferencia entre una agencia pública empresarial y una agencia administrativa de régimen especial en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), así como delimitar mejor y definir con precisión cuáles son las competencias de estas agencias y las potestades de los funcionarios para evitar duplicidades funcionales entre agencias y consejerías. En cuanto a la organización, las agencias deben elaborar sus planes estratégicos, evaluar de manera periódica el grado de cumplimiento de sus objetivos y establecer controles de eficacia, cuestiones que actualmente no se realizan, y garantizar que son un medio para el desarrollo de las funciones asignadas y no meros actores intermediarios en la ejecución de políticas públicas, sin aportar valor añadido frente a la Administración General.

Este informe provisional, que se ha realizado por primera vez con este alcance y además en un tiempo récord, será remitido por la Intervención General al Grupo de Trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, que lidera la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que será el encargado de analizar y evaluar este primer diagnóstico y del que saldrán los trabajos preparatorios para una regulación legal que delimite las funciones de los distintos tipos de entes instrumentales.

Esta actuación abre una línea de trabajo más amplia que debe ser liderada por cada Consejería, que será la que deba asumir el control de la actividad de sus entidades adscritas y el cumplimiento de objetivos, así como la adecuada utilización de recursos públicos. Forma parte, además, de un conjunto de actuaciones dirigidas a racionalizar y mejorar la eficiencia y eficacia de la administración instrumental de la Junta de Andalucía, tales como la disolución del consorcio Guadalquivir, la extinción de la Agencia de Evaluación Educativa y la extinción de la Fundación Mediara, entre otros.

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