En mitad del estío y con las playas abarrotadas, se cocina la misma contabilidad macabra de todos los años: trece mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de este periodo. Trece vidas borradas mientras la burocracia institucional se felicita periódicamente por los avances plasmados en folletos de colores y campañas de concienciación.
El caso más sangrante es el de Laura, agente de la Guardia Civil cuyo asesinato en Asturias abofetea sin piedad el relato de la eficacia de los protocolos. Su agresor, un excompañero del propio Instituto Armado sobre el que pesaban expedientes disciplinarios, ejecutó un plan tan macabro como revelador: accedió a las instalaciones, forzó la taquilla de un agente fuera de servicio para sustraer su arma y disparó contra ella. Analícese el cuadro sin anestesia política: un agresor fichado, conocedor al milímetro de las entrañas de la seguridad pública, entra en un edificio oficial del Ministerio del Interior bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, roba la pistola a un compañero y comete el crimen. Si este escenario no demuestra la absoluta vulnerabilidad del esquema de protección actual, difícilmente lo logrará una auditoría administrativa.
En Andalucía, el debate político añade una capa extra de fricción. Tras la reorganización institucional en la Junta de Andalucía encabezada por Juanma Moreno, las competencias de justicia e intermediación con el área judicial han quedado integradas bajo la Vicepresidencia asignada a Manuel Gavira, de Vox. Desde diversos sectores progresistas se ha calificado como una temeridad que el seguimiento o revisión del marco judicial relativo a la violencia de género pase por la influencia de este gabinete, alertando de un supuesto peligro inminente para los derechos de las mujeres.
Probablemente no falten motivos para desconfiar de ciertos planteamientos retóricos. Sin embargo, la realidad ofrece un baño de fría imparcialidad: allí donde ha gobernado el Partido Socialista, e impulsadas por las leyes que la izquierda ha vendido durante años como escudos inexpugnables, las mujeres siguen cayendo. El machismo criminal no consulta las siglas del Boletín Oficial del Estado antes de apretar un gatillo. Ni unos están para ponerse medallas de superioridad moral ni otros para prometer milagros a base de desmantelar conceptos. El saldo de víctimas demuestra que la protección falla con independencia del color del sillón de mando.
Mientras tanto, durante las ferias estivales que recorren los pueblos de la provincia de Almería, la gran apuesta de la gestión pública parece reducirse a la instalación de carpas con pancartas: los omnipresentes "Puntos Violeta". La cuestión que cabe plantearse con rigurosidad es si un punto morado junto a un puesto de turrones aporta una protección real frente a un agresor decidido a actuar. ¿Alguien mide la utilidad concreta de esas iniciativas o son solo decorado presupuestario para aliviar la conciencia institucional?
Se suele argumentar que el repunte en las cifras de denuncias responde a una mayor concienciación social de hombres y mujeres, lo cual sería un síntoma de madurez ciudadana. Pero la paradoja sigue abierta: si el nivel de concienciación sube y las denuncias aumentan, ¿por qué el sistema VioGén no es capaz de frenar el desenlace fatal cuando la víctima ya ha dado la voz de alarma? ¿De qué sirve figurar en una base de datos o tener una orden teórica de alejamiento si no existen medios operativos para garantizar la vida?
Ni la gesticulación pancartera del Partido Socialista y sus adláteres ni las revisiones de Manuel Gavira y Vox han encontrado la tecla para salvar vidas cuando el peligro acecha. La lucha contra la violencia machista requiere trascender el politiqueo y la cosmética de oficina. Mientras se siga priorizando el titular y la burocracia por encima de la eficacia policial y judicial en el terreno, cada verano la estadística seguirá creciendo, recordando trágicamente la distancia que separa la propaganda estatal de la realidad.
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