El incendio del pasado 8 de agosto en la Mezquita de Córdoba no es solo un accidente. Es la prueba, ardiente y tangible, de que este monumento, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, no está gestionado como merece. Un cortocircuito en una barredora eléctrica, guardada junto a sillas de madera y otros materiales inflamables en una capilla convertida en almacén, bastó para que las llamas destruyeran la cubierta de la capilla de la Anunciación y dañaran otras dos. La rápida actuación de los bomberos evitó una tragedia mayor. Pero el problema de fondo no se apaga con agua.
Lo que aquí se discute no es únicamente la imprudencia de usar un bien histórico de incalculable valor como trastero. Es que esa imprudencia nace de un modelo de gestión opaco, privatizado de facto, que deja en manos exclusivas del Cabildo catedralicio —propietario desde su inmatriculación en 2006, gracias a una legislación hipotecaria tan cuestionable como complaciente— el destino de un símbolo universal. Y mientras tanto, la ciudadanía, la misma que lo financia con sus entradas y sus impuestos, carece de voz y de control.
El Cabildo recauda cada año más de 22 millones de euros limpios de impuestos. Sin embargo, cuando se trata de proteger o restaurar el monumento, la factura termina apuntando hacia lo público. Esta vez, dicen que ellos asumirán el millón de euros estimado por la Junta para la reparación. Pero eso no borra que la responsabilidad de conservación es suya. Ni excusa que, con semejante recaudación, se permita el lujo de escatimar en medidas de seguridad que, vistas las consecuencias, no eran opcionales.
El antropólogo Isidoro Moreno lo ha dicho claro: “negligencia inaceptable”. Y tiene razón. Porque esto no es una anécdota. Es el síntoma de una gestión que ha primado el control confesional sobre la preservación integral del bien. Lo advirtieron expertos internacionales cuando denunciaron que el actual Plan Director antepone lo católico sobre el legado islámico. Lo reclama la Plataforma Mezquita-Catedral: gestión compartida entre la Junta de Andalucía, el Estado, el Ayuntamiento, la sociedad civil y, sí, también el Cabildo, pero sin que este monopolice las decisiones.
El modelo está ahí: la Alhambra. Un patronato público, transparente, donde las cuentas, las prioridades y las intervenciones están bajo escrutinio de todos. Y lo primero, recuperar su titularidad pública. No por capricho ideológico, sino porque lo exige el interés general. La Mezquita —y hay que llamarla por su nombre histórico, Mezquita Mayor— no debe ser patrimonio de una institución privada. Es patrimonio de toda la humanidad, y como tal debe gestionarse.
No sirve esconder la crisis bajo la frase de que “el monumento está a salvo” mientras se guardan barredoras bajo techos centenarios. No sirve que la UNESCO envíe técnicos si seguimos permitiendo que la gestión dependa de criterios internos y opacos. Un fuego ha dejado al descubierto la fragilidad del actual modelo. Apagarlo sin cambiar nada sería la mayor de las negligencias.
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