Almería se blinda contra la oferta clandestina con el nuevo plan de inspección turística

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria el Plan de Inspección Turística de Andalucía 2026, conocido como PIPA 2026. Este instrumento se postula como una herramienta esencial para asegurar el orden, la legalidad y la convivencia en la provincia y el resto del territorio andaluz, incidiendo directamente en la calidad de una de las principales industrias de Almería.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el objetivo de esta medida no es recaudatorio ni mucho menos confiscatorio, sino que se define como un instrumento de ordenación enfocado al control de la actividad para universalizar y normalizar la excelencia en el sector. Bernal ha recurrido a una analogía deportiva para explicar que el mejor escenario es aquel donde los actores cumplen las normas de forma natural, permitiendo que la inspección actúe simplemente como un garante del juego limpio que protege a quienes trabajan dentro de la legalidad.

El desarrollo del PIPA 2026 para el próximo ejercicio se articula a través de cuatro grandes líneas estratégicas que impactarán de forma notable en los municipios almerienses. Estas áreas comprenden el control riguroso del cumplimiento de la normativa vigente, la lucha activa contra la clandestinidad, la protección de los derechos de los usuarios y una línea específica de información y asesoramiento para prevenir posibles incumplimientos. Desde la administración autonómica se ha subrayado que la gestión será firme frente a quienes vulneren las reglas, pero mantendrá un carácter pedagógico con los profesionales que desean hacer las cosas bien. El plan contempla actuaciones sobre el funcionamiento ordinario de los establecimientos, verificando requisitos de inscripción, condiciones de prestación de servicios y garantizando que la información ofrecida a los viajeros sea veraz, especialmente en lo que respecta a la comercialización y publicidad en el entorno digital.

Uno de los pilares fundamentales para la provincia de Almería es el refuerzo de la lucha contra la clandestinidad en los alojamientos turísticos, estableciendo que al menos el 30 por ciento de las actuaciones de los programas específicos se concentren en esta línea de trabajo. La eficacia de esta estrategia se apoya en una estrecha cooperación institucional, donde la ciudad de Almería ya figura como uno de los nueve municipios que han suscrito convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para mejorar la vigilancia. Junto a otras capitales y localidades de la comunidad, la gestión en tierras almerienses contará con el respaldo del grupo Titan de la policía nacional Adscrita, lo que permitirá reforzar las actuaciones conjuntas en apoyo a la labor inspectora y mejorar la capacidad de respuesta ante las denuncias y reclamaciones de los usuarios para ofrecer una solución más ágil.

Este nuevo marco de control y vigilancia se integrará con la futura Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que actualmente se encuentra en plena tramitación parlamentaria. Esta normativa reforzará el marco de ordenación en toda España con más medios, herramientas tecnológicas avanzadas y un régimen sancionador mucho más contundente para disuadir conductas ilegales. La prestación clandestina de servicios turísticos podrá acarrear multas que oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros, mientras que en los supuestos más graves, como la obstrucción a la labor de los inspectores o la aportación de documentación falsa, las sanciones podrán alcanzar los 600.000 euros. Con la implementación de estas medidas y el uso de tecnologías de análisis digital, se pretende ofrecer una seguridad jurídica sólida a la industria turística almeriense y garantizar que la actividad funcione con normalidad y plena confianza para los residentes y visitantes.