Resulta llamativo observar cómo la ultraderecha de Vox, con la inestimable y a menudo tibia comparsa del Partido Popular, ha descubierto repentinamente su vocación feminista. Quién nos iba a decir que los mismos que niegan la violencia de género o que recortan subvenciones a asociaciones de mujeres serían ahora los adalides de la liberación femenina. El motivo de este despertar no es otro que la presentación de iniciativas para prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público. Y digo yo, desde esta esquina del mapa que es la provincia de Almería, donde la convivencia multicultural es el pan nuestro de cada día bajo el plástico: a otro perro con ese hueso.
La propuesta, vendida bajo el celofán de la dignidad de la mujer, apesta a leguas a una islamofobia de manual que choca frontalmente con la Constitución Española. El texto magno, ese que algunos manosean tanto que van a terminar borrándole las letras, garantiza en su artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto. Pero claro, para Santiago Abascal y sus franquicias locales, la libertad tiene un límite muy preciso: el que marca su propia moralidad.
Vayamos a los datos y dejemos la demagogia para los mítines. La iniciativa pretende vetar vestimentas concretas asociadas a una religión específica. Y ahí radica la trampa y la inconstitucionalidad. Si el objetivo real fuera la seguridad ciudadana —un argumento que cualquier persona sensata podría comprar—, la ley sería aséptica y universal. Bastaría con una norma que impidiera el acceso a edificios o espacios públicos con el rostro oculto, independientemente de si lo que te tapa la cara es una tela religiosa, un casco de moto, una bufanda del Unión Deportiva Almería o un pasamontañas comprado en el Decathlon.
Sin embargo, la iniciativa legislativa de Vox y el PP consiste en permitir que un individuo entre en un banco o en el Ayuntamiento con un pasamontañas (si argumenta que tiene frío, o que es un moderno), mientras se criminaliza a una mujer por llevar un niqab. Es absurdo. Prohibir el burka y no prohibir el pasamontañas no es una medida de seguridad, es una medida de señalización social. Es decirle a un colectivo concreto: "vosotros no sois bienvenidos". Y eso, en un Estado de derecho, tiene un nombre muy feo.
Que nadie se equivoque. Quien firma estas líneas siente una repulsión profunda, casi visceral, hacia el burka y el niqab. Me parecen cárceles textiles, herramientas de anulación de la identidad de la mujer y símbolos de una interpretación arcaica y patriarcal del Islam, una religión que siguen millones de mujeres que no usan ni una prenda ni la otra. Me encantaría que no existieran, ni aquí ni en Kabul. Pero en un Estado democrático como es España, la batalla contra la sumisión no se gana a golpe de prohibición estética, sino garantizando derechos.
El Estado español ya cuenta con toda la maquinaria jurídica y policial para proteger a las mujeres. Si una mujer viste esas prendas obligada por su marido, su padre o su hermano, eso es un delito de coacciones, o incluso de violencia de género. Ahí es donde debe caer todo el peso de la ley, con una denuncia y un juez de por medio. Si la mujer se siente humillada o minusvalorada, el sistema debe ofrecerle la salida, el refugio y el castigo para quien la oprime. Pero asumir que toda mujer que lleva un velo integral lo hace obligada y, por tanto, hay que multarla o expulsarla del espacio público, es de un paternalismo sonrojante. ¿Liberamos a la mujer prohibiéndole salir a la calle si no viste como nosotros queremos? ¿Sancionamos a la mujer a la que presuntamente queremos liberar? Brillante estrategia de integración.
En Andalucía, donde Juanma Moreno suele navegar entre dos aguas, y especialmente en una provincia como Almería, sabemos que los problemas de convivencia no se solucionan con leyes de escaparate. Si el problema es la seguridad, legislemos sobre la identificación visual de todos los ciudadanos, sin apellidos religiosos. Que nadie pueda ir con la cara tapada. Punto. Eso es igualitario y constitucional.
Pero claro, eso no vende. Lo que vende es el ruido, el señalar al "otro" y el agitar el fantasma de la invasión cultural. Lo que proponen Vox y el Partido Popular no es una defensa de la libertad de la mujer; es un uso instrumental de sus derechos para colar una agenda xenófoba por la puerta de atrás. Si de verdad les preocupara la seguridad, prohibirían el ocultamiento del rostro, no la tela de una fe que les molesta. Lo demás es puro teatro, y del malo.
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