El caso Tándem, también conocido como “caso Villarejo”, ha alcanzado una nueva fase judicial con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional (SAN 2293/2025), que condena a varios excomisarios y directivos empresariales por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y otras infracciones penales relacionadas con el denominado "Proyecto Wine". Este episodio al que ha tenido acceso Noticias de Almería, pieza separada nº21 del procedimiento abreviado 96/2017, sitúa a empresas del IBEX 35 en el centro de una operación de inteligencia empresarial privada que afectó a diversas personas, entre ellas a un alto ejecutivo vinculado, entre otras propiedades, a una mercantil radicada en Almería.
El núcleo del caso
La sentencia, dictada el 12 de mayo de 2025 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, establece que, en el marco de un conflicto empresarial entre Repsol YPF S.A. y el grupo Sacyr Vallehermoso S.A., se contrató al entramado empresarial liderado por un comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo —identificado como titular del grupo "Cenyt"— para obtener información confidencial mediante procedimientos ilegales.
La finalidad era recopilar datos sobre los impulsores de un pacto de sindicación accionarial entre Sacyr y Pemex, que, en conjunto, se acercaba al 30% del capital de Repsol. Esto, según consta en la resolución, generó inquietud entre la dirección de la petrolera y dio lugar a la contratación del grupo Cenyt para ejecutar el Proyecto Wine, operativo mediante el cual se elaboraron informes sobre personas vinculadas directa o indirectamente con dicha operación.
Actividades en Almería
Entre los documentos que forman parte del sumario consultado por este medio, y que sirvieron de base para las condenas, se encuentran informes elaborados por Cenyt sobre distintas personas físicas y jurídicas. Uno de esos documentos —el Wine(30.1.12-007), citado expresamente en la sentencia— hace referencia a una sociedad mercantil llamada “Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A.”, propiedad del principal objetivo del espionaje, un antiguo presidente de Sacyr. Esta sociedad figuraba como titular de activos inmobiliarios, entre ellos una finca localizada, según la documentación incautada, en territorio de la provincia de Almería.
Asimismo, el informe Wine Fase V (25.5.12-001) incluye información sobre dicha mercantil y otras vinculaciones patrimoniales del entorno familiar del citado empresario. Según la sentencia, los autores de los informes buscaron establecer la posible procedencia ilícita de dichos activos y su relación con otras causas judiciales abiertas, como la Operación Malaya. No consta, sin embargo, que estas diligencias hayan dado lugar a imputaciones específicas en relación con esas propiedades.
Los hechos probados
El tribunal ha declarado probado que entre octubre de 2011 y junio de 2012, diversos responsables de seguridad corporativa de Repsol y Caixabank contrataron a Cenyt para recabar información sobre el citado empresario, así como sobre otros directivos, familiares y asesores de su entorno. Parte de esa información fue obtenida mediante el acceso no autorizado a registros de llamadas telefónicas, sin orden judicial, lo que dio lugar a delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
El acusado principal, comisario en activo en ese momento, utilizó su posición dentro del cuerpo para mantener contactos con otros funcionarios e intermediarios y así acceder a datos reservados, entre ellos listados de llamadas y datos patrimoniales. A través de su empresa, facturó diversos importes a Repsol y Caixabank por los trabajos realizados en el marco del Proyecto Wine. La sentencia ordena el decomiso de 389.400 euros abonados por ambas empresas.
Las condenas
El tribunal ha impuesto penas de prisión que oscilan entre los dos y los quince años para los distintos acusados, en función de su grado de participación y los delitos cometidos. Repsol YPF S.A. y Caixabank S.A. han sido declaradas responsables civiles subsidiarias. La sentencia impone además la devolución del importe cobrado por los trabajos encargados, así como el pago de las costas procesales.
Pugna por el control de Repsol
El origen de esta actuación se sitúa en el pacto firmado en 2011 entre Pemex y Sacyr para sindicar sus derechos de voto en Repsol. La operación buscaba alcanzar el 29,8% del capital, lo que les habría conferido un poder de bloqueo estratégico en la toma de decisiones. La respuesta del consejo de administración de Repsol fue unánime en contra del pacto, lo que derivó en maniobras defensivas, entre ellas el encargo a Cenyt, según relata la sentencia.
Posteriormente, y tras diversas decisiones del consejo de administración, el empresario objeto de los seguimientos fue cesado de sus cargos, se disolvió el pacto de accionistas y Sacyr vendió parte de su participación en Repsol.
De Madrid a Almería
Aunque el epicentro del caso se sitúa en Madrid, los documentos aportados en el proceso judicial permiten constatar que algunos de los objetivos de las actividades de espionaje desplegadas en el marco del Proyecto Wine tenían intereses patrimoniales y empresariales en Almería. La provincia aparece así tangencialmente vinculada a uno de los mayores escándalos de corrupción institucional y empresarial de la última década en España, a través de la aludida sociedad “Actividades Inmobiliarias y Agrícolas, S.A.”, mencionada como instrumento de inversión inmobiliaria del principal investigado.
La sentencia no alude a consecuencias penales directas en la provincia, pero sitúa el foco sobre la utilización de sociedades radicadas fuera del circuito de poder madrileño para fines que fueron objeto de investigación judicial. Almería, así, aparece en el mapa del caso Tándem como un escenario más de los múltiples frentes abiertos por el entramado de espionaje del comisario Villarejo.
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