Asistir al repentino ataque de pudor y deontología profesional que ha sacudido a ciertos sectores de la villa y corte madrileña es un espectáculo que, visto desde la calma de esta provincia de Almería, produce entre estupefacción y una inevitable sonrisa burlona. Resulta que ahora, a raíz de la filtración del informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que salpica al expresidente del Gobierno del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, el panorama mediático se ha llenado de almas puras que se rasgan las vestiduras. Ponen el grito en el cielo porque se han difundido datos privados y familiares. Qué enternecedor.

Lo verdaderamente sorprendente no es la filtración en sí —que en el ecosistema político y judicial del Estado es tan habitual como el viento de levante en nuestro cabo—, sino que las críticas provengan de supuestos profesionales del periodismo. Aunque, seamos rigurosos: con la deriva actual hacia el infoentretenimiento, conviene separar el grano de la paja. Medio plató de televisión está ocupado por personajes que no son periodistas, sino entretenedores a sueldo de partido, creadores de opinión de diseño cuya única misión es blindar las siglas de sus pagadores.

Para sostener su indignación, estos analistas de consigna argumentan que el informe contiene elementos ajenos a la causa judicial y que la información debería haber sido expurgada antes de ver la luz. Un despropósito argumental que demuestra una ignorancia supina —o una tremenda mala fe— sobre cómo funciona el engranaje del Estado de derecho.

Vamos a los datos puros. La UDEF no tiene una ventanilla de filtraciones ni publica exclusivas; se limita a redactar informes técnicos a petición del magistrado correspondiente, en este caso, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Una vez que el instructor recibe el documento, tiene la obligación legal de entregarlo a las partes personadas: defensas y acusaciones. Y es ahí, en ese preciso instante, donde el secreto se convierte en dominio público. Especialmente cuando entre las acusaciones populares figuran partidos políticos. Ocurre en este proceso y ha ocurrido históricamente en todos los demás. Pretender que los periodistas que reciben ese material actúen como censores de la propia información que les llega es no entender nada.

Existe una confusión interesada entre el interés penal y el interés periodístico. La justicia se mueve por indicios de criminalidad, pero el periodismo —el serio, no el de trinchera— se mueve por los parámetros de la relevancia pública. Es exactamente la misma lógica por la que una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Andalucía busca depurar responsabilidades políticas, no condenas de cárcel.

Por ejemplo, imaginemos que las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero reflajaran que el actual presidente, Pedro Sánchez, mantuvo reuniones estratégicas antes y después de que él se cite con Carles Puigdemont. Eso no constituye ningún delito con el código penal en mano. Es perfectamente legal. Pero nos explicaría el contexto, los movimientos telúricos de la política y el porqué de ciertas decisiones. De igual modo, que la agenda privada del expresidente o de su secretaria, Gertrudis Alcázar, recoja encuentros específicos que coincidan cronológicamente con polémicas decisiones económicas o políticas, posee un valor informativo incuestionable. No será delito, pero es noticia.

Para que los exégetas del sanchismo lo entiendan sin necesidad de hacer un croquis, recurramos a la política de espejo. Imaginemos por un momento que se filtrase la agenda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Imaginemos que en ella apareciera una cena privada entre él, la propia presidenta y los máximos responsables de un gran emporio sanitario privado. ¿Sería ilegal cenar? En absoluto. ¿Tendría la prensa afín al Gobierno del Estado el derecho y la obligación de publicarlo en portada? Sin la menor duda, y con toda la razón del mundo, porque nos daría pistas cruciales sobre cómo se tejen las influencias.

O me pregunto por qué esos mismos que critican esto, luego filtran documentos y declaraciones... por ejemplo del caso mascarillas de Almería.

El periodismo de cualquier parte sabe perfectamente dónde acaban sus derechos y dónde empiezan sus responsabilidades. Nadie defiende la difusión de datos íntimos que carezcan de valor público. El problema real no es de los medios de comunicación que ejercen su labor de control al poder, sino de aquellos irresponsables que, careciendo de la condición de periodistas, actúan como correveidiles de intereses espurios. `La verdad es mucho más simple: lo que hoy escuece en Moncloa no es la pérdida de privacidad de José Luis Rodríguez Zapatero, sino el riguroso e incómodo interés periodístico de sus agendas.