El Congreso de los Diputados ha vuelto a transformarse en ese teatro de variedades al que la periferia asiste con una mezcla de hastío y asombro. En la provincia de Almería, donde la realidad diaria se mide en camiones de hortalizas que cruzan Europa y en infraestructuras pendientes que nunca terminan de llegar, las sesiones parlamentarias en Madrid se perciben a menudo como una distorsión lejana y ajena. Sin embargo, el pleno de esta semana ha superado los niveles habituales de puesta en escena mediática. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, se vio obligado a comparecer a petición propia; una astuta maniobra de última hora ejecutada apenas minutos después de que el Partido Popular registrara formalmente la solicitud para exigir su presencia. El motivo del debate no era menor: el cerco judicial por corrupción que azota las siglas del Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser una hipótesis de tertulia para convertirse en tinta negra sobre blanco en resoluciones judiciales definitivas de los tribunales del Estado.
Mantener la compostura en la tribuna requiere un talento casi místico cuando los datos judiciales son tan tozudos. El Tribunal Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antigua mano derecha del presidente, a 24 años de prisión por las irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia en el conocido 'caso mascarillas'. Junto a él, su asesor de absoluta confianza, Koldo García, ha sido condenado a 19 años de cárcel, mientras que el empresario clave de la trama, Víctor de Aldama, se enfrenta a una pena de cuatro años y medio. A este denso panorama penal se suman la retirada de pasaporte a la esposa del presidente, Begoña Gómez, las pesquisas judiciales sobre su hermano, David Sánchez, los nuevos indicios del 'caso Leire' que implican a Leire Díez, e incluso la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa del caso Plus Ultra. Frente a este inventario propio de un juzgado de guardia, la estrategia defensiva de Pedro Sánchez consistió en recurrir al mismo burladero conceptual de siempre: afirmar que todo es una "inventada", una burda confabulación asimétrica diseñada por la oposición.
Como era de esperar, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cumplió escrupulosamente con su parte del guion al replicarle de inmediato que «la corrupción es usted», sazonando su discurso con la advertencia de presentar una moción de censura si contara con los apoyos necesarios, mientras que Santiago Abascal, presidente de Vox, aportaba la habitual cuota de indignación desde su bancada afirmando que el Gobierno ha convertido las instituciones en un auténtico lodazal. Nada nuevo bajo el sol de la carrera de San Jerónimo. Sin embargo, el verdadero núcleo mollar del debate, el pasaje que merece un análisis riguroso y libre de apasionamientos ideológicos, no llegó desde las filas de la oposición conservadora, sino de la mano de Gabriel Rufián.
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso saltó al ruedo con la inequívoca intención de erigirse en el gran baluarte moral de la izquierda de España, un papel ciertamente paradójico para quien proviene del nacionalismo independentista catalán. Gabriel Rufián, un político que a lo largo de su trayectoria parlamentaria ha demostrado valorar el impacto de las plataformas multimedia por encima de la discreción legislativa —es imposible olvidar sus intervenciones accesorias exhibiendo impresoras en la tribuna—, no defraudó a quienes conocen su manual de estilo. Dedicó gran parte de su discurso a un minucioso ejercicio de balanza comparativa entre la corrupción de la derecha y la de la izquierda, construyendo un argumentario cuyo sutil estribillo venía a ser un condescendiente «¿y qué?». Según la particular oratoria del portavoz catalán, Aznar tiene más millones y más joyas que José Luis Rodríguez Zapatero, y cualquier trama del Partido Popular es cuantitativamente peor, más abundante y más grave que las miserias del Partido Socialista. Gabriel Rufián redujo el debate a un burdo juego de agravios comparativos donde el mal ajeno amortigua el propio, y por eso le espetaba a Sánchez «¿y qué», para argumentar que las corrupciones de los demás no son excusa.
El clímax de su actuación llegó cuando, buscando deliberadamente el titular de apertura de los informativos, interpeló de forma directa al Presidente del Gobierno mirándole desde el atril: «Mírame a los ojos y respóndame, ¿tiene limpia su casa?». La estampa cinematográfica funcionó a la perfección. Pedro Sánchez evitó cruzarse con la mirada del interpelante y, por descontado, declinó responder a la pregunta formulada de forma tan directa. El mutismo absoluto del banco azul se convirtió en la respuesta más elocuente de la jornada.
Y es justamente en este punto donde la pirotecnia discursiva colisiona frontalmente con la cruda aritmética del Estado y donde resulta inevitable plantear la contrapregunta: ¿Y qué, Gabriel Rufián? ¿De qué sirve una indignación tan solemne y un despliegue retórico tan medido si, a la hora de la verdad, los votos de su formación política van a seguir sosteniendo exactamente el mismo entramado que censura? En la provincia de Almería, cualquier agricultor del sector hortofrutícola sabe perfectamente que si una partida de género sale podrida, no se limpia la fachada del almacén ni se pronuncia un discurso enfático; se rescinde el contrato de inmediato y se desecha el producto dañado. Del mismo modo, en Andalucía se conocen al detalle los costes sociales de mirar hacia otro lado cuando las instituciones públicas se erosionan. Sin embargo, la severidad moral de Esquerra Republicana parece tener un precio estrictamente retórico.
Gabriel Rufián demostró una vez más ser un consumado estratega de las redes sociales. Consiguió el impacto visual, acorraló verbalmente al presidente y salvó los muebles ante su electorado exhibiéndose como un ser inmaculado inmune a las cloacas. Pero una vez apagados los focos, la realidad parlamentaria permanece inalterable: la dirección de su partido seguirá tragando con la situación. Las advertencias solemnes de «no nos responsabilicen de lo que tenga que pasar» terminan diluyéndose en el hemiciclo cada vez que llega el momento de convalidar un decreto o de garantizar la supervivencia de un Ejecutivo severamente cercado por los tribunales.
El simulacro de la izquierda inmaculada resulta muy útil para rellenar minutos de televisión, pero en la práctica, los votos catalanes continúan operando como el colchón político sobre el que descansa un Gobierno que insiste en tildar de "inventada" aquello que el Tribunal Supremo ya ha despachado con severas penas de prisión. Al final, entre el corrupto cutre y el premium, el independentismo siempre acaba descubriendo una provechosa tercera vía: el beneficio propio a cambio de mantener el decorado en pie.
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