El caso mascarillas entra en la trama empresarial

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha dado un paso decisivo en la investigación del denominado caso Mascarillas, al autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado y visionado de los terminales móviles de seis empresarios del sector de la construcción. Esta medida, acordada por el magistrado José Manuel Rey Bellot, busca recabar evidencias sobre una presunta trama de corrupción que habría operado en el seno de la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Fines, facilitando la adjudicación ilícita de contratos públicos a cambio de beneficios personales y económicos. La investigación se extiende a delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

La instrucción judicial apunta a la existencia de una dinámica instaurada en la institución provincial que permitía el reparto de contratos de obras y servicios bajo intereses particulares, obviando los principios legales de la contratación pública. Según los autos, la trama no se limitó al contrato inicial de suministro de material sanitario durante la pandemia de covid-19, valorado en más de dos millones de euros, sino que se habría servido de múltiples adjudicaciones para lucrar a los implicados. El magistrado describe una estructura dividida en dos niveles: un primer plano compuesto por cargos públicos que propiciaban las licitaciones irregulares y un segundo escalón conformado por sociedades y empresarios que actuaban como adjudicatarios o intermediarios.

Entre los puntos clave de la investigación figura el papel de varias mercantiles, destacando una empresa vinculada al hermano de un exvicepresidente tercero y exdiputado de Fomento, quien supuestamente percibía un 5% de beneficio de los contratos adjudicados por la institución provincial. Asimismo, el foco se centra en una sociedad de servicios urbanos cuya titularidad real se atribuye a un exalcalde de Fines y a su hijo. Los investigadores sospechan que estos empresarios y sus sociedades fueron piezas fundamentales en el engranaje delictivo, por lo que el análisis de sus comunicaciones telemáticas se considera esencial para esclarecer el alcance total de la red.

Uno de los aspectos más llamativos que recoge el auto judicial es el uso de un lenguaje "encriptado" o en clave por parte de los investigados para referirse a las presuntas mordidas. En conversaciones mantenidas en un grupo de mensajería electrónica denominado 'Naranjito', los implicados empleaban términos odontológicos como "ir al dentista", "cambiar la piñata entera" o la necesidad de "empastarme dos o tres muelas". Para el juez, el uso recurrente de esta terminología resulta absurdo y desvinculado de la realidad, concluyendo que se utilizaba para encubrir las gestiones relativas a las comisiones ilegales en un contexto de licitaciones públicas.

La investigación también pone la lupa sobre el patrimonio y los movimientos de efectivo de los principales responsables políticos implicados. Se han detectado ingresos en metálico para el pago de cuotas hipotecarias y transacciones para la compra de parcelas en Rodalquilar cuyo origen no ha sido acreditado, teniendo en cuenta su condición de empleados públicos. Además, la policía judicial analiza la posible instrumentalización de comunidades de bienes familiares para canalizar fondos y blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Los viajes de alto coste a destinos como Ibiza, realizados en fechas próximas a las adjudicaciones sospechosas y sin reflejo en los apuntes bancarios, refuerzan los indicios de una gestión de fondos opacos que ahora la justicia trata de desentrañar mediante el análisis tecnológico de los dispositivos intervenidos.