No hay día en el panorama político español donde no salte la liebre de una nueva distracción, un señuelo mediático que, curiosamente, siempre parece beneficiar a la misma parte. Los almerienses, con esa mirada práctica que nos da el contacto con la tierra, sabemos distinguir la paja del grano, y la última maniobra política de Vox en el Ayuntamiento de Madrid huele a cortina de humo fabricada con una precisión casi quirúrgica, como pudimos presencia en la sesión de control al Gobierno.
La semana pasada, mientras las portadas deberían estar centradas en la inquietante ampliación del 'Caso Koldo', con nuevos indicios sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y las ramificaciones que apuntan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —quien sigue en prisión provisional por riesgo de destrucción de pruebas—, e incluso a figuras cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿cuál fue el titular dominante?
Fue la moción presentada por el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Una propuesta, aceptada por el Partido Popular que gobierna el consistorio, para obligar a informar a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo sobre un supuesto "síndrome postaborto". El término, tal como han reconocido incluso voces del PP como el alcalde José Luis Martínez-Almeida tras la polémica, no es una categoría clínica reconocida por la comunidad científica. Es una herramienta ideológica sin base empírica, introducida a destiempo.
¿Cuál es el verdadero fin de este debate? Ni la salud de las mujeres, ni la protección de la vida. La función primordial de este movimiento es la de un balón de oxígeno regalado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Estado que prepara con este tema, la inmigración y el comodín de Franco, las próximas elecciones.
Vox, con su obsesión por las llamadas "guerras culturales", vuelve a desviar el foco. En lugar de mantener la presión sobre los graves indicios de corrupción que salpican al entorno socialista —adjudiciones de obras sospechosas, contratos irregulares de mascarillas, ingresos supuestamente opacos y las citaciones pendientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Ábalos y Koldo García ante el Tribunal Supremo—, el partido de Santiago Abascal consigue que se hable de nuevo de la interrupción voluntaria del embarazo, un tema donde el PSOE se siente cómodo en la confrontación ideológica.
El presidente Sánchez aprovechó el flanco abierto, anunciando de inmediato una propuesta para "blindar el derecho al aborto en la Constitución", transformando un escándalo de corrupción que le afectaba directamente en un debate sobre los derechos y libertades de las mujeres. La jugada es redonda para el socialismo: el Ejecutivo logra pasar de la defensiva a la ofensiva, colocando a Vox y, por extensión, al Partido Popular, como fuerzas retrógradas que ponen en riesgo derechos ya consolidados en la ley y avalados por el Tribunal Constitucional.
Así, y como he indicado, en la sesión de control al gobierno del pasado miércoles, preguntado sobre corrupción, Pedro Sánchez respondió a Alberto Núñez Feijóo por el blindaje del derecho al aborto, preguntada María Jesús Montero sobre los enfermos de ELA, contestó por el blindaje del derecho al aborto, y así sucesivamente todo el Gobierno. Gracias a Vox.
Y aquí reside la clave de la recurrente "ayuda" de Vox: su objetivo principal parece ser más debilitar al Partido Popular que desbancar al PSOE. Al introducir estos temas radicales y científicamente dudosos, Vox fuerza al PP a una posición incómoda. El Partido Popular tiene sensibilidades internas divididas: entre quienes, como el sector más conservador, querrían una revisión de la actual Ley de plazos, y quienes, como la dirección estatal de Alberto Núñez Feijóo, intentan mantener una postura de centro, remitiéndose a que la legislación ya está regulada y es suficiente.
Al secundar la propuesta de Vox en Madrid, el PP municipal obligó a Feijóo a reabrir un debate que había intentado evitar, confirmando ante el electorado socialista que, por mucho que se matice, el PP acabará siempre alineándose con las tesis más extremas de la ultraderecha.
Es decir, en vez buscar aquello que une a PP y Vox para mostrarse como un bloque frente al PSOE y sus socios -o lo que queda de ellos-, la ultraderecha se obceca en evidenciar todo lo que les divide, acatando el dicho de "divide y vencerás". Solo que la victoria será socialista.
Este patrón no es nuevo. Lo hemos visto con el debate sobre la inmigración. En Almería, tierra de acogida y motor agrario gracias a la mano de obra extranjera, la mezcla interesada entre inmigración y delincuencia no se sostiene. El problema de la seguridad no es la presencia de extranjeros, sino la delincuencia en general, que es un fenómeno que se da tanto entre la población autóctona como entre la foránea.
Los datos objetivos, aunque a menudo ignorados en el fragor del discurso, nos recuerdan que el porcentaje de personas extranjeras que cometen delitos en el Estado se mueve en márgenes reducidos que estarían en alrededor del 7% (y ahí se incluyen también otros extranjeros que no son precisamente "inmigrantes"). La gran mayoría de los inmigrantes, el 93%, son personas honradas que contribuyen de manera esencial a la economía de nuestra provincia y de toda Andalucía, y por tanto tienen el mismo derecho a las prestaciones sociales que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, Vox logra colocar el término "inmigración ilegal" en el centro de la conversación, generando tensiones y miedo. ¿El resultado? El mismo. El PSOE puede agitar la bandera del "racismo" y "la extrema derecha" para movilizar a su electorado, consolidando su posición y forzando de nuevo al PP a tomar distancias incómodas o a ceder ante el marco dialéctico impuesto por Vox.
La pregunta que deberíamos hacernos es obvia: ¿Hasta cuándo va a seguir esta extraña coalición táctica donde la ultraderecha, buscando debilitar al centro-derecha, solo consigue prolongar la vida política del Partido Socialista? El enésimo favor en Cibeles lo prueba una vez más.
Agenda
