El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que modifica la planificación hidrológica de doce zonas durante el periodo 2022-2027. Entre estas novedades se encuentra el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se implementará gradualmente y tendrá como resultado un recorte del trasvase Tajo-Segura entre 70 y 110 hectómetros cúbicos para 2027.
El Real Decreto abarca la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo y Guadiana) y Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación de la planificación hidrológica demuestra el trabajo "escrupuloso" y "riguroso" que este Ejecutivo realiza para anticiparse y actuar eficazmente en la gestión de los recursos.
En su discurso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, informó que el Gobierno ha aprobado el tercer ciclo de planificación para las 12 cuencas que están bajo la responsabilidad del Estado, así como de Galicia-Costa y Baleares. Sin embargo, aún quedan por aprobar Canarias y Andalucía.
En total, estas doce cuencas abarcan el 86% del territorio y el 65% de la población tras una tramitación que duró "más de tres años" en un proceso "extenso". Esto con el objetivo de facilitar la planificación con la contribución de todas las partes, según explicó la vicepresidenta.
Según Ribera, la planificación de esta vez toma en cuenta los cambios climáticos, el peligro de inundaciones, las responsabilidades en materia de saneamiento y depuración, la lucha contra la contaminación difusa, la gestión sostenible del agua subterránea, la seguridad del suministro y los planes especiales para preservar la biodiversidad de lugares emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las Tablas de Daimiel.
La vicepresidenta ha declarado que España ha experimentado una disminución de sus recursos hídricos cercana al 12% desde los años 80, y hasta el año 205 se prevé un descenso adicional entre el 14 y el 40% del agua disponible.
Según Ribera, los planes de cuenca contribuyen a que España esté preparada para afrontar el peligro de inundaciones y mejorar las inversiones en saneamiento y depuración. Esto es algo que nunca antes había sucedido, ya que España sigue recibiendo multas por incumplir estos requisitos.
Reducción del trasvase.
En relación a una de las cuestiones más discutidas en torno al Real Decreto, el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo, que implica una disminución del volumen de agua trasvasada del Tajo al Segura, la vicepresidenta ha asegurado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido sobre la necesidad de actuar con anticipación para garantizar la disponibilidad de agua en aquellas áreas con mayor vulnerabilidad en materia de recursos hídricos.
El responsable ha propuesto por primera vez un caudal ecológico para el Tajo, a fin de asegurar una buena gestión sin ningún peligro para las cuencas que hasta ahora han recibido agua del Tajo-Segura.
La nueva planificación prevé una disminución de 7 hm3 del caudal del Tajo al Segura en 2003, llegando a 8,65 hm3 en 2026. No obstante, según ha declarado, el recorte máximo de agua trasvasable podría ser entre 70 y 110 hm3, que se compensarían con inversiones para obtener recursos adicionales mediante desalación, reutilización y mejora de la eficiencia en el riego.
Ha destacado que estos recursos hídricos adicionales aportarán al menos 140 hm3, una cantidad mayor que la que se dejaría de trasvasar en situaciones de sequía.
El Gobierno no quiere que los agricultores tengan una "carga inasumible" por lo que se comprometió a fijar un precio máximo de 34 euros para el agua desalada, las inversiones en energías renovables y la eficiencia en el riego.
La vicepresidenta ha reconocido la disposición de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, para que las inversiones sean "transparentes" y "participadas", de manera que el Gobierno pueda mostrar cómo se van cumpliendo los objetivos previstos en la planificación con los territorios correspondientes.
Según ha indicado, el coste total de la desalación adicional será de 547 millones de euros. Esto incluye una capacidad de desalación con energía solar y un aumento de 70 hm3 en las desaladoras del Tajo-Segura para 2026.
La vicepresidenta ha declarado que todos los ciudadanos, instituciones y grupos parlamentarios deben cumplir la legislación europea, nacional y las sentencias judiciales sin excepción, lo que implica el establecimiento de caudales ecológicos.
Según Ribera, es necesario prepararse para afrontar situaciones difíciles. No podemos depender solo de la lluvia en un contexto cada vez más seco. Por ello, ha recalcado la importancia de gestionar los recursos con inteligencia, coordinación entre administraciones y teniendo en cuenta el valor económico del agua a través de precios y costes, siempre teniendo en mente a las personas como centro de atención.
Finalmente, la vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno ha estudiado con cuidado las sugerencias del Consejo de Estado, que tienen un punto de vista "adecuado" sobre las expectativas de administración respetando el caudal del Tajo.
La 'Guerra del Agua' se ha convertido en un "estereotipo".
Cuando se le preguntó sobre la llamada "guerra del agua", optó por no usar términos como "estereotipo" y en cambio considera esencial "trabajar en lo que nos une" y no dividir territorios, sino encontrar soluciones "en conjunto".
El gobierno aseguró que nunca había habido tantos recursos y prometió su total disponibilidad para seguir trabajando junto con todos los involucrados, incluyendo a los regantes.
La vicepresidenta ha indicado que en los próximos cinco años se destinarán 22.000 millones de euros para recursos, de los cuales 10.000 se usarán para actualizar las políticas hídricas.
La ministra ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para modernizar las acciones destinadas a combatir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Esta nueva normativa permitirá anticipar situaciones de emergencia y contar con herramientas homologables en todo el país.
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