La Audiencia Provincial de Almería ha dictado una sentencia que exonera a un agente de la Guardia Civil, quien enfrentaba una multa de 6.480 euros y cinco años de prisión por supuestamente facilitar información a un grupo dedicado al tráfico de hachís. Los magistrados no encontraron pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones en su contra.
La reciente resolución judicial ha puesto fin a un caso complejo que involucraba a varias personas, entre ellas ciudadanos rumanos y españoles, quienes estaban implicados en una red de narcotráfico activa desde antes de octubre de 2020. Esta organización se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís en España, adquirida a proveedores del norte de África, para su posterior distribución.
La investigación reveló que los narcotraficantes utilizaban embarcaciones para recoger la droga en alta mar y desembarcarla en Roquetas de Mar, un municipio almeriense. En este contexto, uno de los acusados, cuya extradición desde Marruecos aún está pendiente, fue identificado como el líder operativo del grupo, encargado de coordinar la adquisición y transporte del estupefaciente.
El tribunal constató que I.L.A., uno de los implicados, era responsable de la embarcación 'Mara Izabela', utilizada el 21 de octubre de 2020 para realizar un transporte. Durante esta operación, la nave sufrió problemas técnicos y fue remolcada hasta Aguadulce por Salvamento Marítimo. En el puerto, las autoridades hallaron 41 fardos de hachís con un peso total superior a 1.175 kilos y un valor estimado en más de seis millones y medio de euros.
En otro episodio relacionado con esta trama delictiva, A.M.B., propietario de la embarcación 'Gaviota', fue arrestado el 15 de febrero de 2021 junto a otros cómplices tras descargar dos fardos adicionales en el mismo puerto. Las fuerzas policiales también encontraron otros paquetes con sustancia sospechosa y dispositivos GPS durante esta intervención.
En cuanto al guardia civil absuelto, se alegó que mantenía amistad con uno de los narcotraficantes y que había facilitado información sobre un vehículo para verificar si pertenecía a su institución. Sin embargo, los jueces determinaron que no había evidencia suficiente para probar que hubiera colaborado intencionadamente con la organización criminal.
Como resultado del juicio, los miembros del primer desembarco fueron condenados a penas superiores a cinco años y multas millonarias. Los responsables del segundo transporte también recibieron sentencias significativas por sus delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.
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