El problema de los cortes de suministro eléctrico en barrios y municipios andaluces ha llegado al centro del debate político en el Parlamento autonómico. Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada Miren Begoñe Iza de la Torre, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, formuló una pregunta directa al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela Gutiérrez: “¿Qué se está haciendo para defender los derechos de los andaluces y andaluzas afectados por los apagones?”
La diputada trazó un panorama sombrío de lo que consideró “un apagón normalizado” en numerosos barrios populares de toda Andalucía, y citó de forma expresa la situación de La Chanca, El Puche y Pescadería, en Almería capital, como ejemplos de zonas donde “la luz no llega o se interrumpe con frecuencia, dejando a familias enteras en una situación límite”.
Iza de la Torre no se quedó ahí y elevó el tono al afirmar que más de 11.000 personas viven sin suministro eléctrico en asentamientos de Huelva y Almería, a menudo sin acceso ni siquiera a agua caliente. “Esto está pasando en Andalucía, en pleno siglo XXI, en pleno verano. No hace falta irse a Gaza para encontrar gente que vive a oscuras. Basta con asomarse a nuestras puertas”, denunció.
La diputada acusó al Gobierno andaluz de “proteger los intereses de Endesa” en lugar de “los derechos de la gente” y cuestionó la efectividad de las medidas anunciadas hasta ahora. “Los 12 transformadores que dice que iban a instalar no se han instalado. La feria sí se iluminó al instante con generadores. ¿Y las familias?”, preguntó retóricamente. También aludió a los 1.888 millones de beneficios obtenidos por Endesa en el último ejercicio, exigiendo que parte de esos recursos se inviertan en modernizar y reforzar la red eléctrica andaluza.
La respuesta de la Junta: foco en el fraude
En su réplica, el consejero Paradela expresó su “preocupación” por la situación de los vecinos afectados, especialmente “familias, personas mayores y gente honrada” que no puede usar aparatos eléctricos esenciales como ventiladores, ascensores o equipos médicos en pleno verano.
Sin embargo, Paradela fue claro al señalar lo que, a juicio de la Junta, constituye la “causa raíz del problema”: el uso fraudulento del suministro eléctrico, sobre todo por parte de plantaciones ilegales de marihuana, que generan sobrecargas y provocan apagones. El consejero subrayó que “solo el verano pasado hubo 24 incendios en la red de distribución andaluza vinculados a este tipo de actividades ilegales”.
Paradela detalló que la Junta ha mantenido 13 reuniones con vecinos en Sevilla, en presencia de la Policía Nacional, para facilitar denuncias anónimas, y anunció la instalación de 25 nuevos centros de transformación en Sevilla en los últimos tres años. Sin embargo, no aportó datos específicos sobre actuaciones previstas en barrios de Almería como La Chanca o El Puche, que sí fueron citados por Iza de la Torre.
El consejero reconoció que recientemente se han producido apagones en zonas de Sevilla no afectadas por fraude, como Triana o el Casco Antiguo, y aseguró que ya se ha solicitado a Endesa un informe urgente para esclarecer las causas y abrir un expediente informativo si se detectan carencias técnicas.
Paradela defendió que “cuando se realizan inspecciones policiales, la demanda eléctrica se reduce un 40 %”, y pidió reforzar la colaboración entre administraciones, así como revisar la tipificación penal del fraude eléctrico.
Un problema con rostro almeriense
Aunque el epicentro del debate estuvo en Sevilla y Granada, el enfoque territorial de la intervención de Iza de la Torre colocó a Almería en el mapa de la indignación social. Los barrios periféricos de la capital, muchos de ellos marcados por una fuerte vulnerabilidad social, sufren con especial crudeza los efectos de los cortes eléctricos, especialmente durante las olas de calor.
A esto se suman los asentamientos agrícolas donde viven miles de trabajadores migrantes sin acceso a suministro regular, una realidad persistente tanto en Huelva como en el poniente almeriense. Pese a las denuncias de organizaciones sociales y la alarma constante de los colectivos vecinales, las soluciones estructurales no acaban de llegar.
La pregunta que quedó flotando en el hemiciclo, sin respuesta clara, fue la que lanzó la diputada de Adelante Andalucía: “¿Qué les dan las eléctricas a ustedes que no les pueden dar sus ciudadanos?”.
Mientras tanto, en barrios como El Puche o Pescadería, las noches siguen iluminadas por velas. Y el calor, por desgracia, no se va con discursos.