El anuncio de regularización masiva está evidenciando el desbordamiento de las capacidades operativas policiales. Y esto no ha hecho más que empezar. Asimismo, las limitaciones del sistema sanitario, asistencia social y procedimientos administrativos de cierta complejidad ya generan un estrés que redundará en deficiencias de un sistema no dimensionado para tal avalancha y en tan poco tiempo. Y no olvidemos la creatividad de las mafias, que profusamente aflora cuando se abre una generosa espita fronteriza.
La irresponsabilidad del Gobierno central impulsando un relato falaz y populista ya encuentra eco y apoyo en ciertos colectivos. El obispo de Almería acaba de publicar una epístola destacando las bondades de esta medida impulsada por el Gobierno central: “La Conferencia Episcopal está de acuerdo con la regulación de emigrantes. La mayoría, con trabajo no suficientemente remunerado, no puede exigir, no tiene papeles, pero trabaja y mucho. Es recurrente hablar de que cuidan de nuestros ancianos, de lo difícil que es encontrar albañiles en los pueblos, que escasea la mano de obra en las constructoras, camareros en los restaurantes y bares, que muchas familias y personas solteras tienen una empleada de hogar extranjera, que las grandes zonas de invernaderos están llenas de extranjeros… y los recolectores, los recogedores de basura, la limpieza de cloacas… Están entre nosotros, pero son invisibles; sostienen nuestra economía, pero les despreciamos, algunos con insultos xenófobos y otros con la indiferencia y el menosprecio”.
En primer lugar, hay que destacar que el obispo antepone que la Conferencia Episcopal está de acuerdo con esta regulación masiva. Opinar lo contrario sería ir en contra de sí mismo y sus superiores jerárquicos, y supongo que el obispo no busca anatema alguno. Habla de “regulación de emigrantes”, pero sólo faltaba que el gobierno también impusiese normas sobre los que -si la cosa sigue por este camino- tuviésemos que salir de España. La regulación es de inmigrantes ilegales; o sea, personas que han entrado ilegalmente en España, que no pueden trabajar, cotizar, ejercer derechos y cumplir las obligaciones en nuestro Estado de derecho. Por tanto, no se conoce ni se cuantifica si tienen “trabajo no suficientemente remunerado”, pues esa situación estaría, sencillamente, al margen de la ley.
Con relación a las dificultades para encontrar cuidadores, recolectores, camareros… y albañiles en los pueblos, sugiero recuperar el discurso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “El trabajo hoy desgasta y enferma (…) tiene que evitar el desgaste, tiene que evitar la soledad, el aislamiento, tiene que evitar el daño prolongado, la tensión, el estrés, el malestar que genera el estrés climático y el estrés térmico”. Leída esta doctrina ministerial, se deduce vade retro del trabajo como del agua hirviendo. Además, la carestía de albañiles en los pueblos podría inferirse de las ayudas y sinecuras (antiguo PER y similares) que abren sustanciosas y cómodas alternativas a trabajos más esforzados. En cuanto a los recogedores de basura y limpieza de cloacas, son trabajos que realizan empresas y contratas municipales cuyas plazas encuentran animada demanda entre los aspirantes. Sin embargo, enfatizar en cloacas, albañales, légamos y otras inmundicias dramatiza y parece descargar en los más desfavorecidos esos trabajos para los que, también, se precisa toda la legalidad y alguna cualificación.
Estas actuaciones, de incalculables consecuencias, sólo pueden conducir a generar situaciones ineluctables. Antes de proferir descalificaciones gratuitas sería deseable hallar la verdad y los intereses que esconden estas endiabladas medidas electoralistas que socavan la convivencia, desbordan los recursos y buscan pánfilas soluciones planetarias a costa de generar gravísimos problemas en casa.
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