La visita a nuestra provincia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, nos sirve de percha perfecta para comentar un dato que, lejos de ser una cifra más en el tedioso baile de estadísticas, es una bofetada de realidad para cada trabajador almeriense: las cotizaciones sociales ya solo cubren el 73% del gasto en pensiones contributivas.
Piénsenlo un momento. A pesar de que la recaudación por esta vía se ha disparado un 54% desde 2018, el sistema sigue mostrando un boquete alarmante. La conclusión fácil, la que nos susurran al oído desde hace años, es que el sistema es inviable y que deberíamos ir haciéndonos a la idea de que nuestras futuras pensiones serán poco más que una propina. Pero, ¿y si la verdad fuera otra? ¿Y si no estuviéramos ante un problema de viabilidad, sino ante un deliberado juego de trileros con las cuentas públicas?
La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. A la caja de la Seguridad Social, que debería ser sagrada y nutrirse exclusivamente de las aportaciones de los trabajadores para garantizar sus propias prestaciones futuras, se le han ido colgando a lo largo de las décadas una serie de mochilas que no le corresponden. Gastos que, por su naturaleza, deberían sufragarse a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Seamos claros. Es de pura lógica que con el dinero de los cotizantes se paguen las pensiones de quienes han cotizado, las bajas por enfermedad, las prestaciones de maternidad y paternidad o el subsidio por desempleo contributivo. Son derechos generados con el esfuerzo de cada trabajador. Sin embargo, ¿qué lógica tiene que esa misma caja pague el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones no contributivas, la formación para el empleo de quienes no cotizan o las prestaciones familiares universales?
No se trata, y quiero que esto quede meridianamente claro, de cuestionar la necesidad de estas ayudas. Por supuesto que el Estado debe amparar a quienes, por las circunstancias que sean, no han podido cotizar lo suficiente. Pensemos en tantas mujeres de nuestra provincia, de Andalucía y de todo el Estado que dedicaron su vida a los cuidados y al hogar, sin un solo euro cotizado. Es una cuestión de justicia social.
La cuestión no es el qué, sino el cómo. Estos pagos son, en esencia, asistencia social. Son un servicio que el Estado presta al conjunto de la ciudadanía, no una contraprestación a los cotizantes. Y como tal, deben financiarse con el dinero de toda la ciudadanía, es decir, con los impuestos generales que todos, absolutamente todos, pagamos. De la misma manera que el IRPF de un agricultor de El Ejido y el de un directivo de Madrid pagan la sanidad y la educación públicas, deberían pagar también estas prestaciones sociales.
Lo que ocurre es un engaño contable con consecuencias muy graves. Los sucesivos gobiernos han encontrado mucho más cómodo y políticamente rentable cargar estos gastos a la Seguridad Social que reflejarlos con transparencia en los Presupuestos Generales. Así, generan una sensación de quiebra ficticia que les sirve de coartada para subirnos las cotizaciones a los que ya estamos trabajando y pagando impuestos. Es el colmo del absurdo: el trabajador paga dos veces. Paga con sus cotizaciones su futuro y, además, parte de la asistencia social que el Estado debería cubrir con los impuestos que ese mismo trabajador ya abona religiosamente, como el IRPF.
Si se acabara con esta trampa, si los gastos impropios se sacaran de la cuenta de la Seguridad Social y se llevaran a donde pertenecen –a los Presupuestos Generales del Estado–, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones cambiaría radicalmente. El sistema, concebido para lo que fue concebido, es viable. Lo que lo hace inviable es la deshonestidad política y la ingeniería contable.
Así que la próxima vez que escuchen que no habrá dinero para nuestras pensiones, desconfíen. No es un problema demográfico insalvable ni una quiebra inevitable. Es una decisión política. La decisión de mezclar churras con merinas y hacer que los trabajadores paguemos una fiesta a la que no nos han invitado. Quizás, si la ministra Saiz se llevara de Almería este mensaje, empezaríamos a hablar de lo que de verdad importa: de cuentas claras y de un futuro garantizado con honestidad, no con trampas.
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