Mientras recogíamos 450 kg de residuos, intentando entender el mundo, en la Playa de los Percheles con los trabajadores de la Cooperativa Eurosol, llegamos a la conclusión de que uno de los grandes residuos que nos vamos a encontrar tirado en las ramblas cuando termine la campaña es la rafia plástica, en solitario o mezclada con los restos de la cosecha.
Desde el 1 de septiembre, todas las plantas de tratamiento de residuos vegetales de los invernaderos de Almería se han puesto de acuerdo y se niegan a recogerlos si van acompañados de rafia plástica. No lo hacen por capricho, sino porque la normativa ambiental europea así lo estipula para conseguir que la cacareada economía circular sea real y no una media verdad, y se pueda conseguir un buen compost que no lleve restos de plástico triturado.
La normativa no es nueva, pero hasta ahora se ha estado haciendo la vista gorda mientras se informaba a los agricultores sobre la alternativa de usar rafia compostable y biodegradable o limpiar la mata, pero el precio, la resistencia ante algo que funciona y que, a pesar de las advertencias, les recogían los residuos, ha hecho que no se popularice.
Durante este periodo de mirar para otro lado, los que se han saltado la normativa, para darle soluciones al campo a un precio competitivo, han sido las plantas de tratamiento que se han expuesto a sanciones importantes de la administración vigilante que también miraba de reojo, la Junta de Andalucía, que ha dicho que ya hay que hacer cumplir la ley para que Europa no los castigue a ellos porque es su deber proteger el medio ambiente y nuestra salud.
Una posición valiente que aplaudo, porque así es la manera de generar cambios reales y efectivos ante el grave problema de los residuos. Una vez conocemos el problema, se tienen alternativas, las leyes están elaboradas, se ha explicado, por activa y por pasiva, dejando un tiempo de adaptación, llega el momento de dar el paso y cambiar de materiales y hábitos de consumo de la ciudadanía. Y quien no quiera entenderlo, aunque no sea la solución, multa al canto.
Como comprenderán, las quejas de los agricultores no se han hecho esperar y se defienden diciendo que si el mercado pone en venta un producto que es legal y no está prohibido, están en todo su derecho de utilizarlo y más teniendo en cuenta que la rafia biodegradable no se puede usar con todos los productos, como por ejemplo los pimientos, porque la mata pesa mucho y no hay garantía de su efectividad. Así que piden, ante lo que consideran un complot para sacarles el dinero y hacerles la puñeta entre las plantas, la administración y la malvada Agenda 2030, que se alargue la moratoria, se perfeccionen los materiales, se abaraten las alternativas y les financien el nuevo gasto.
Algunos argumentos muy discutibles, pero que puedo llegar a comprender, porque entiendo que el sistema debe darles las herramientas para que los cambios sean fáciles de ejecutar, ya que no es solo cuestión de dinero, sino de garantía de rendimiento y productividad. Además de que sus competidores extracomunitarios juegan con reglas diferentes, más laxas, y pueden seguir usándola.
Lo primero que debería hacerse es prohibir la venta de este tipo de productos, o, por lo menos, a tan bajo precio, porque solo tienen en cuenta el precio de producción, no el gasto que supone para toda la sociedad su retirada, tratamiento y reciclaje. Si los productos reflejasen en su coste todos esos gastos, la mitad no serían rentables por su alto precio, pero es fácil pasarse el marrón de unos a otros y que se apañe el siguiente.
El problema no es baladí. Se estima que se gastan casi 3000 toneladas de rafia plástica por campaña, poca me parece, y mucha de ella, cuando no tengan dónde llevarla, terminará tirada en las ramblas, arrastrada al mar, disgregada en microplásticos, causando enredos a muchos animales o siendo el origen de un nuevo vertedero ilegal, esos que el sector quiere invisibilizar porque generan mala imagen en los mercados internacionales. Pues solucionen el problema antes de que la bomba explote y esparza porquería.
¿A quién culparemos? ¿Al incívico que tira el residuo, al vendedor, al distribuidor, al que lo fabrica y debería gestionarlo antes de que se convierta en basura o a la administración que debe velar por el cumplimiento de las leyes? El problema, a mi juicio, es el de un sistema fallido que solo contempla el beneficio económico inmediato y personal. El bien común, la conservación de la naturaleza, no les importa, porque deja de ser su problema, su gasto, para ser el de todos. Así es fácil hacerse rico.
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