El Consejo de Gobierno ha dado un paso importante al aprobar el decreto que establece el Sistema Interno de Información de la Junta de Andalucía. Esta normativa es fundamental para avanzar en la prevención de prácticas irregulares y en la protección efectiva de quienes informen sobre infracciones normativas o actos de corrupción.
Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz reafirma su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la mejora continua en su gestión interna. Desde junio de 2023, este canal interno ha estado operativo, permitiendo a los empleados públicos colaborar al informar sobre hechos que podrían ser irregulares. Estos trabajadores contarán con garantías de protección y confidencialidad, lo que fomenta un entorno donde se priorizan las buenas prácticas y se corrigen posibles irregularidades.
Nueva regulación en cumplimiento de normativas
La nueva norma, impulsada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, responde a la Ley estatal 2/2023, del 20 de febrero, que se deriva de la normativa europea sobre protección a denunciantes. Este decreto sustituye a una regulación provisional anterior establecida mediante la Instrucción 1/2023, que facilitó el inicio del canal interno hace dos años. Además, se alinea con la Ley andaluza 2/2021, enfocada en la lucha contra el fraude y la corrupción, que dio origen a la Oficina Antifraude.
Este decreto define un canal interno confidencial y seguro para comunicar posibles infracciones dentro de la Junta. Garantiza la confidencialidad y protección de identidad y datos personales, permitiendo a los denunciantes realizar sus comunicaciones de forma identificada o anónima a través de varios medios: buzón electrónico, correo postal, comparecencia personal, llamada telefónica o mensajería vocal.
Estructura organizativa y procedimientos claros
El texto aprobado establece un modelo organizativo basado en un Responsable del Sistema, quien contará con interlocutores en cada consejería y delegación para facilitar las investigaciones. También se crea un órgano de asistencia técnica, colegiado y encargado del asesoramiento y mejora continua del sistema.
A su vez, el decreto regula todas las fases del procedimiento: desde la recepción hasta la conclusión mediante informe final. Incluye medidas de protección tanto para los informantes como para las personas afectadas, asegurando plenas garantías legales.
Formación e informes anuales como pilares fundamentales
La formación del personal público es otro aspecto clave abordado por esta normativa, que se llevará a cabo junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Se prevé también la publicación anual de una memoria con datos agregados y anónimos, que estará disponible en el Portal de Transparencia de la Junta. El decreto incluye un capítulo dedicado al régimen sancionador ante incumplimientos conforme a la Ley 2/2023.
Finalmente, se establece un plazo para que las entidades instrumentales implementen sus propios sistemas de información. Aquellas con menos de 50 empleados podrán adherirse al sistema general mediante convenio, adaptándose siempre a lo establecido por la Junta de Andalucía.
Con esta norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, la Junta refuerza su compromiso con el buen gobierno, ética pública y una lucha efectiva contra la corrupción, dotándose así de un instrumento moderno y alineado con los estándares europeos en materia de integridad institucional.
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