La "más profunda indignación" y "preocupación" de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se ha expresado en relación a la absolución por un delito de atentado a un 'petaquero'. Este individuo, que estaba al mando de una embarcación, arrojó al mar 92 garrafas de combustible mientras intentaba escapar de los agentes, con quienes colisionó accidentalmente, según lo dictado en la resolución judicial.
La asociación considera que la actitud esquiva y huidiza del conductor de la lancha rápida, quien ha sido sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión por otros dos delitos, "puso en riesgo la vida de los agentes" que intentaban detenerlo. Por esta razón, opinan que su comportamiento "ha quedado impune".
Desde la organización han señalado que los hechos son de una gravedad extrema: una embarcación de 12 metros de eslora, equipada con tres motores de 300 caballos cada uno y cargada con 92 garrafas de gasolina, no solo desobedeció las órdenes de alto, sino que al intentar escapar arrojó la carga al mar y llevó a cabo maniobras evasivas hasta colisionar con la patrullera de la Guardia Civil.
Cuatro años de prisión solicitaba la Fiscalía para el investigado por el delito de atentado, pero el tribunal no logró comprobarlo. Aunque la lancha "en uno de sus 'repentinos y bruscos virajes, cortó por la proa de la embarcación oficial'", no se demostró que lo hiciera "con la intención de colisionar".
Las declaraciones de los agentes que participaron en el juicio son la base de la Sección Tercera, quienes "siempre señalaron que la embarcación sólo quería huir" y afirmaron que "nunca hubo dolo de acometer a la patrullera". Este punto también se respalda por la manera en que ocurrió la colisión.
En este contexto, se especifica que el impacto ocurrió en la parte trasera de la embarcación utilizada por los acusados, "cuando estos hacían una maniobra evasiva, pero tremendamente imprudente de pasar por delante de la patrullera de la Guardia Civil".
"La sentencia, que admite recurso ante el TSJA, establece en sus fundamentos de derecho que los tripulantes de la embarcación en la que viajaban los acusados con las garrafas de gasolina fueron quienes realmente se vieron en grave peligro debido a la acción."
Desde la AUGC han destacado la "peligrosidad manifiesta de estas acciones" para los agentes que estaban llevando a cabo su trabajo. Por ello, expresaron su pesar porque la justicia ha determinado que "no existió la intención de atentar" contra ellos.
"¿Qué más debe suceder para que se reconozca un ataque intencionado? ¿Acaso es necesario esperar a que haya víctimas mortales para que la legislación actúe de manera firme? Es inaceptable que los guardias civiles, quienes arriesgan sus vidas en el mar, perciban que la ley no les protege, permitiendo así que los delincuentes actúen con la seguridad de que sus acciones más peligrosas no tendrán repercusiones legales", ha criticado.
La AUGC ha reiterado su demanda de una "revisión urgente de la tipificación de estos delitos", argumentando que no es posible "seguir dependiendo de la interpretación de un juez sobre la 'intencionalidad' del delincuente".
Por otro lado, la sentencia mencionada impuso a los cuatro miembros de la embarcación una pena total de cuatro años y nueve meses de prisión. Esta decisión se tomó debido a un delito de contrabando y otro relacionado con riesgo catastrófico, ya que se produjo un "transporte inadecuado" de 2.300 litros de gasolina, que estaban distribuidos en 92 garrafas y fueron arrojadas al agua "en una zona de especial protección" durante el trayecto.
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