Hay momentos en la historia en los que el absurdo se disfraza de lógica, y la tragedia se envuelve en un papel burocrático. El conflicto en Oriente Próximo es una muestra dolorosa de ello. Dos años después de la masacre inicial, lo que se presenta como una solución de último minuto era, en realidad, el punto de partida de la barbarie.
El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás perpetró un ataque de una brutalidad inusitada en el sur de Israel. Las cifras hablan por sí solas e hielan la sangre: alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas, en la peor matanza antisionista desde la Shoá. A la par del asesinato masivo, Hamás secuestró a 251 personas, en su mayoría civiles, trasladándolas a Gaza.
La exigencia inicial de Hamás, articulada a través de este acto atroz, era clara y escalofriante en su crudeza: un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos retenidos en cárceles israelíes. Una macabra aritmética donde vidas inocentes se convertían en moneda de cambio para liberar a individuos, algunos de ellos acusados de terrorismo, y otros muchos encarcelados por motivos que van de lo político a la simple detención administrativa.
Aquí es donde el Estado de Israel aplica una figura que en cualquier Estado democrático occidental, incluyendo el nuestro en España, no tendría otro nombre que el de secuestro de Estado: la detención administrativa.
Hablamos de personas, incluidos más de 400 niños y menores, que son privados de libertad sin una acusación formal, sin juicio, sin acceso a un abogado ni la posibilidad de comunicarse con sus familiares o de conocer el motivo de su encierro. Son presos, a menudo, por motivos más políticos que terroristas, atrapados en un limbo legal que viola los principios más elementales de un Estado de derecho. Es un instrumento de control que siembra la desesperación y alimenta el rencor, convirtiendo la justicia en una herramienta de castigo sin garantías.
Hoy, la comunidad internacional, después de presenciar la muerte de más de 67.000 personas en Gaza, la destrucción de ciudades enteras y una crisis humanitaria sin precedentes, vuelve al punto de partida: intercambiar rehenes por presos.
Lo más lacerante de este escenario es que este intercambio no es una novedad. Ya se había iniciado una tregua en noviembre de 2023 donde Hamás y el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, procedieron a canjear rehenes por presos palestinos. Se liberaron docenas de cautivos israelíes y a cientos de prisioneros palestinos en las primeras fases de la tregua.
Sin embargo, ese proceso se detuvo. Y aquí reside el nudo gordiano de la tragedia: fue el propio Netanyahu quien rompió la baraja, poniendo fin a un alto el fuego y un intercambio que podría haber salvado vidas y evitado una escalada de la violencia sin igual. ¿Por qué se detuvo? ¿Qué interés movía al jefe del gobierno israelí a priorizar la ofensiva militar total sobre la liberación de sus propios ciudadanos? ¿Quién le ha pedido cuentas al primer ministro por esa decisión que, a la vista de los resultados, ha costado la vida de decenas de miles de personas?
La respuesta, por cruda que sea, es que parece que nadie ha estado tan interesado en que esta carnicería se prolongara como el propio Netanyahu. Resulta, cuanto menos, conveniente para su supervivencia política y la de su coalición. Es la paradoja de un conflicto que se niega a ser una guerra entre iguales, y que es más bien la trituradora de un Estado dotado de uno de los ejércitos más poderosos del mundo machacando un territorio asfixiado, desarmado y sin posibilidad de respuesta real.
Y no podemos dejar que la niebla de la propaganda nos impida ver que la solución, o al menos un camino de alivio, estuvo sobre la mesa desde el principio. Una solución que el poder, obcecado en la victoria militar, se encargó de enterrar.
Agenda
