Ha caído.
Álvaro García Ortiz, el primer Fiscal General del Estado en la historia de la democracia española en ser imputado, condenado y, finalmente, dimitido en el mismo día, ya es historia. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia: culpable de
revelación de secretos. Y no por cualquier cosa, sino por filtrar datos confidenciales de un contribuyente particular —la pareja de
Isabel Díaz Ayuso— para ganar una batalla del relato político. Un particular que negociaba con Hacienda, como tantos almerienses que buscan regularizar su situación antes de llegar a juicio, vio sus correos expuestos en la plaza pública por quien debía custodiar la legalidad.
Pero lo fascinante no es la condena, que ha salido adelante con cinco votos a favor y dos en contra en la Sala de lo Penal. Lo verdaderamente digno de estudio sociológico es la velocidad con la que el Gobierno de España y su terminal mediática han salido en tromba a gritar "golpe de Estado" sin haber tenido tiempo físico de leerse los fundamentos de derecho de la sentencia.
Para el sanchismo y sus voceros, el Tribunal Supremo no imparte justicia; hace política. Nos dicen que esos cinco magistrados son, poco menos, que una turba de "fachas con toga" que prevarican para derribar al Ejecutivo. Y aquí es donde el argumento se vuelve un bumerán peligroso, de esos que si no sabes lanzar, te vuelan los dientes.
Si aceptamos la tesis gubernamental de que el Supremo condena por odio ideológico y no por rigor jurídico, ¿qué debemos pensar cuando el caso llegue al Tribunal Constitucional?
Porque llegará. La defensa de García Ortiz buscará el amparo de la corte de garantías. Y ahí les espera Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional y figura de la que nadie en el Partido Socialista duda de su "progresismo". Aquí surge la paradoja letal para el relato de la izquierda: si el Constitucional revoca la sentencia y salva al ex Fiscal General, y seguimos la lógica que ellos mismos han sembrado hoy, no podremos pensar que lo hace porque se hayan vulnerado derechos fundamentales. No. Tendremos que concluir, irremediablemente, que Conde-Pumpido lo absuelve porque sigue órdenes de Moncloa.
Si el Supremo es político por condenar, el Constitucional será político por absolver. O jugamos todos con las reglas del Estado de Derecho, o rompemos la baraja. Lo que no vale es decir que la justicia es ciega solo cuando me da la razón y que es tuerta y fascista cuando me quita el coche oficial.
Decía el filósofo que quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Quienes hoy deslegitiman al Supremo asegurando que su fallo es una vendetta política, están firmando la sentencia de muerte de la credibilidad del Constitucional si este decide enmendar la plana. Si García Ortiz sale libre de polvo y paja gracias al TC, la mitad de España pensará que es una cacicada de partido. Y la culpa no será de la "fachosfera", sino de haber insistido en que los jueces votan en lugar de juzgar.
Pero el verdadero pánico, el sudor frío que debe recorrer ahora mismo las espaldas en la sede de Ferraz, es el otro escenario. ¿Y si el Constitucional, incluso con su mayoría progresista, decide que la sentencia del Supremo se ajusta a la Constitución? ¿Y si confirman que un Fiscal General no puede usar el poder del Estado para filtrar datos de un ciudadano particular, sea novio de Ayuso o un agricultor de El Ejido?
Entonces tendrán un problema muy serio. Porque habrán acusado a la cúpula judicial del Estado de prevaricar, habrán erosionado las instituciones hasta los cimientos, y todo para descubrir que, a veces, la ley es simplemente la ley. Y en un Estado democrático, ni el Fiscal General está por encima de ella.
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