La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha elevado la crisis del ‘caso Mascarillas’ al ámbito autonómico, exigiendo al Gobierno de la Junta que dé cuenta de los contratos firmados con las empresas investigadas por la UCO en Almería. Férriz fue especialmente incisiva contra la dirección del Partido Popular, ironizando sobre la manifestación del PP en Madrid: "Estos señores, que parece que tienen mucho tiempo libre, se han ido a manifestarse allí a Madrid con el PP, a manifestarse mafia o democracia".
La parlamentaria lamentó la "vergüenza" de oír al PP agradecer la gestión de los investigados: "Gracias, señores de Almería, gracias por haber robado en la cara de los almerienses, gracias por haber hecho negocio cuando la gente se estaba muriendo, muchísimas gracias por ser unos corruptos de primer nivel".
La parlamentaria socialista centró el núcleo de su denuncia en la posible extensión de la trama de contratos irregulares a la Administración autonómica, si bien, pese a su vehemencia, no aportó ni un solo dato que sostenga sus insinuaciones. Férriz confirmó que su grupo ya maneja información que apunta a la existencia de contratos firmados por la Junta con empresas vinculadas a la trama, advirtiendo que pedirá al Gobierno que cuente "qué contratos tiene la Junta de Andalucía con las empresas de Almería que pertenecen a familiares o a los propios cargos del Partido Popular".
La portavoz señaló que quieren conocer el número de contratos, los procedimientos, el dinero y las fechas, así como quiénes fueron los responsables de la adjudicación. Férriz alertó que estos contratos, "qué curiosidad", se han realizado mediante los polémicos procedimientos de emergencia y con contratos menores, exigiendo al Gobierno de Moreno Bonilla que dé explicaciones.
LAS SOSPECHAS
La parlamentaria dio datos concretos sobre las empresas y las áreas de la Junta presuntamente afectadas, vinculando la responsabilidad a altos cargos del Partido Popular, incluidos el actual presidente provincial del PP y consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, y la exconsejera de Agricultura, Carmen Crespo.
Férriz se refirió a la empresa OYC Servicios Urbanos S.L., cuyo administrador actual es un familiar del exalcalde de Fines y diputado provincial, y cuyos antiguos administradores son concejales del PP. Según la socialista, esta empresa recibió un contrato menor de la Junta, y preguntó si la delegada territorial responsable en el momento de la adjudicación era la actual número 2 del Ayuntamiento de Almería -donde Javier A. García, presidente de la Diptuación, era concejal-, pidiendo que alguien "nos lo explique", y en referencia a Eloisa Cabrera.
La denuncia también apuntó a Hijo de David Martínez S.L., vinculada al alcalde de Tíjola (que "todavía no ha dimitido"), quien fue administrador único hasta julio de 2023, pasando después a ser administrada por su mujer. Férriz destacó que esta empresa recibió tres contratos menores, dos en Granada y uno del Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT).
EL JEFE DE LA BANDA
Finalmente, la portavoz señaló a otra empresa ligada al exalcalde de Fines que recibió contratos de la Consejería de Agricultura. Férriz subrayó la coincidencia de que esta Consejería haya estado dirigida por dos consejeros almerienses en los últimos años: Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo ("premiada con Irse a Europa"), exigiendo que se esclarezca si el Gobierno de Moreno Bonilla conocía estos contratos. Férriz acusó directamente al presidente de la Junta de Andalucía de ser el "jefe de la banda" que, aunque diga que "no le cogían el teléfono", está "perfectamente enterado desde primera hora" de la trama.
La portavoz del PSOE terminó su intervención con una fuerte crítica a la Diputación de Almería, ironizando sobre la seguridad de la sede y el hallazgo de dinero y armas durante los registros: "Van allí a Almería y se manifiestan también en la puerta de la Diputación, que es un nido de corruptos con dineros en almohadas y con pistolas".