Universidades públicas exigen cumplimiento de la Junta de Andalucía

La comunidad universitaria andaluza ha hecho un llamado urgente al Gobierno de la Junta de Andalucía, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos financieros con el Sistema Universitario Público Andaluz. Este reclamo surge a raíz del incumplimiento sistemático del modelo de financiación vigente, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta hace más de dos años. Durante los años 2024 y 2025, no se ha respetado lo establecido en dicho modelo.

Un aspecto crítico es la cláusula de salvaguarda, que obliga a garantizar el 100% de la financiación recibida el año anterior y a incrementarla con el correspondiente aumento en las retribuciones del personal del sector público. Este año, se adeuda un 0,5% correspondiente a la subida salarial del 2024, además de que aún no se ha realizado la actualización del Capítulo II, como exige el modelo.

Inconsistencias en la Financiación

En otro punto relevante, durante el segundo reparto de 2025, se ha transferido una financiación destinada al pago de conceptos retributivos por un total superior a 37 millones, pero esta cantidad se clasifica como proyectos estratégicos no consolidables. Sin embargo, según el modelo, el pago de retribuciones debe ser siempre consolidable para ejercicios futuros.

A estos incumplimientos se suma la negativa recurrente por parte de la Administración autonómica para abonar las cantidades necesarias que permitan aplicar íntegramente los acuerdos firmados en Sevilla y Jaén por el Consejero de Universidad, Investigación e Innovación y el presidente de la Junta respectivamente. Estos acuerdos contemplan nuevos complementos retributivos para reconocer adecuadamente el trabajo del profesorado y del personal técnico y administrativo.

Desafíos Financieros y Gestión Pública

A pesar de su importancia, el Gobierno andaluz ha transferido a las universidades un importe claramente insuficiente para cubrir los pagos correspondientes a dichos complementos. Esto incluye los altos costos derivados de las cotizaciones sociales asociadas, lo que representa una carga adicional para unas arcas ya tensionadas por una infrafinanciación crónica.

Además, se critica la práctica poco eficiente en la gestión pública que implica la autorización tardía del gasto proveniente de remanentes no afectados. En 2024, esta autorización llegó en diciembre, casi al cierre del ejercicio fiscal, mientras que para 2025 aún no ha sido emitida. Esta situación complica enormemente el uso efectivo de esos remanentes, que son insuficientes como plan plurianual para infraestructuras.

Reivindicaciones Clave

Las universidades también exigen un refuerzo en la partida destinada a nivelación dentro del modelo de financiación. Aunque su activación este año es valorada positivamente, su dotación económica resulta insuficiente. Esta partida fue diseñada para corregir progresivamente las desigualdades históricas en financiación entre las distintas universidades públicas andaluzas.

El carácter no consolidado y su escasa cuantía limitan gravemente su eficacia. Por ello, se solicita a la Junta que garantice su consolidación y proporcione una dotación económica suficiente basada en criterios objetivos y transparentes.

Cumplimiento Legal y Compromisos Adicionales

Una reivindicación central es el cumplimiento estricto de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU), que establece la obligación de asegurar una financiación basal adecuada. El artículo 55 especifica que esta financiación debe cubrir al menos los gastos relacionados con personal y operaciones necesarias para garantizar un funcionamiento óptimo.

El incumplimiento de este mandato legal coloca al sistema universitario público andaluz en una posición vulnerable desde el punto financiero y contraviene directamente el marco normativo estatal vigente.

Llamado a la Acción

Finalmente, se requiere al presidente de la Junta que cumpla con su compromiso asumido ante las universidades: añadir 16 millones destinados a sostenibilidad y digitalización. Esta partida adicional ahora parece haber desaparecido del reparto realizado por parte del Gobierno andaluz.

Las universidades públicas desempeñan un papel estratégico crucial en la sociedad andaluza; sin ellas, los niveles de desarrollo económico y social sufrirían drásticamente. En estos campus se forman futuras generaciones bajo principios de igualdad y se genera nuevo conocimiento que beneficia tanto a empresas como instituciones.

No obstante, esta situación actual está debilitando progresivamente el sistema universitario público andaluz, un pilar esencial para avanzar hacia una sociedad más equitativa. De continuar los incumplimientos por parte del Gobierno andaluz respecto a sus compromisos financieros, las universidades públicas defenderán mediante acciones legales lo estipulado en el modelo financiero vigente.

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