La Coordinadora Ecologista Almeriense ha formalizado una petición de recusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), María del Mar Jiménez Morera, quien actúa como ponente en el recurso interpuesto por la organización contra la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mojácar. La solicitud se fundamenta en un doble motivo que, a juicio de los ecologistas, pone en duda la neutralidad necesaria para el proceso. Por una parte, la magistrada ha firmado recientemente como segunda ponente la sentencia que desestima el recurso de la asociación Salvemos Mojácar contra el planeamiento urbanístico, lo que para el colectivo manifiesta una predisposición a dictar un nuevo fallo en la misma línea. Por otra, recuerdan que ya en 2023 se pidió su recusación por asuntos vinculados al hotel de El Algarrobico, lo que podría haber generado animadversión hacia la entidad.
El conflicto judicial en torno al urbanismo de la provincia suma así un nuevo capítulo de tensión. Desde la asociación se ha denunciado históricamente lo que consideran una actitud laxa de la justicia en casos que afectan al levante almeriense, señalando que la magistrada recusada ya dictó en 2014 una sentencia favorable al hotel de Carboneras junto a otro magistrado que, posteriormente, ejerció como letrado para dicho consistorio. Aunque la recusación de 2023 fue desestimada por presentarse fuera de plazo, los ecologistas subrayan que la presidenta que firmó aquel rechazo es la misma que ahora encabeza la reciente sentencia desfavorable sobre el PGOU de Mojácar, resolución que la asociación ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.
Ofensiva legal contra el crecimiento urbanístico
La actividad judicial de los colectivos ecologistas en Mojácar no se limita al plan general. Actualmente mantienen activos cuatro recursos contencioso-administrativos contra lo que califican como desarrollos desproporcionados en el municipio. Entre ellos destaca el pleito contra la Declaración Ambiental Estratégica aprobada por la Junta de Andalucía, que se encuentra visto para sentencia. Según un informe pericial aportado por la organización, dicha declaración contravendría hasta cuatro leyes ambientales de ámbito autonómico, del Estado español y europeo, al no evaluar adecuadamente el impacto sobre especies y hábitats protegidos ni considerar los riesgos reales para la biodiversidad de la zona.
El informe pericial sostiene que existen graves carencias metodológicas y decisiones arbitrarias sobre qué suelos permitir urbanizar, desatendiendo la realidad ecológica observada sobre el terreno. Por ello, solicitan la anulación total de la DAE para impedir los nuevos desarrollos propuestos por el consistorio. En este proceso, Salvemos Mojácar ha criticado con dureza la estrategia de defensa del Ayuntamiento, a la que acusa de utilizar argumentos formales falsos ante la supuesta falta de base técnica para rebatir las pruebas periciales presentadas.
Proyectos bajo sospecha y emergencia climática
Además del planeamiento general, la justicia tiene sobre la mesa recursos contra la Autorización Ambiental Unificada de la variante de Mojácar —actualmente paralizada por problemas en las expropiaciones— y contra la urbanización de Cañada Aguilar. En este último caso, el colectivo denuncia el desmonte de un monte completo con Hábitats de Interés Comunitario para una construcción que todavía no se ha ejecutado. Los informes técnicos aportados por los ecologistas aseguran que estas autorizaciones son contrarias a derecho y contradicen los criterios que los propios técnicos de la administración autonómica emitieron en años anteriores.
Desde la Coordinadora Ecologista Almeriense se denuncia una supuesta connivencia entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para duplicar el parque inmobiliario de Mojácar, un objetivo que tachan de especulativo y especialmente grave en el actual contexto de emergencia climática. Advierten que la construcción es una de las actividades más nocivas en un ecosistema frágil y saturado como es la costa de la provincia, amenazada por la subida del nivel del mar. El colectivo ha reafirmado su intención de continuar con la batalla judicial para evitar lo que consideran la destrucción definitiva del paisaje y el medio ambiente de esta zona del litoral de Almería.
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