El año 2025 no será recordado solo por su calendario ni por los colores del otoño y el verano. En Almería 2025 estará también marcado por hechos que golpearon la convivencia, pusieron en tensión a los sistemas de justicia y seguridad y dejaron una sensación inquietante sobre la vulnerabilidad de grupos específicos dentro de la sociedad.
Los datos oficiales disponibles hasta finales de año muestran que la provincia experimentó un incremento en varios indicadores de criminalidad. Según el Balance de Criminalidad hasta septiembre de 2025, la provincia de Almería contabilizó 22.365 hechos delictivos, lo que supone un crecimiento aproximado del 5 % respecto a 2024 en el mismo periodo. Entre estos hechos señalaban especialmente los hurtos y robos, que concentraron cerca de 6.000 casos, y un crecimiento en ciertos tipos de delitos urbanos.
A nivel más técnico y comparativo, un informe del Ministerio del Interior para el tercer trimestre de 2025 también indica que las infracciones penales totales acumularon 7.553 hechos hasta ese corte con 3 homicidios dolosos y asesinatos consumados, una cifra menor que en periodos previos.
El análisis de criminalidad no puede reducirse a una sola cifra. Delitos como estafas online, hurtos y robos con fuerza en domicilios mostraron variaciones diversas durante el año, y en municipios como El Ejido o Huércal‑Overa el crecimiento de denuncias fue notable en comparación con otros territorios.
Estos balances ponen de manifiesto una doble realidad: Almería sigue, estadísticamente, por debajo de la media nacional en muchos patrones de criminalidad, pero registros crecientes en numerosos municipios y ámbitos obligan a una reflexión sobre estrategias de prevención y actuación policial.
La muerte de Lucas: un caso que conmocionó a toda la provincia
A principios de diciembre de 2025, Garrucha, una localidad costera tranquila del Levante almeriense, se estremeció con una noticia que sacudió a toda la provincia y encontró eco en medios nacionales. El cuerpo sin vida de un niño de cuatro años, conocido como Lucas, fue hallado en una zona rocosa de la playa del municipio tras una alerta por su desaparición.
Desde los primeros momentos, el caso tomó tintes estremecedores: la Guardia Civil detuvo tanto a la madre del menor, de 21 años, como a su pareja sentimental —que no era el padre biológico del niño—, ambos vinculados directamente al fallecimiento. La pareja estaba en posesión de una orden de alejamiento vigente contra la mujer y el propio menor, lo que incidió en la gravedad con que la justicia y la opinión pública abordaron el caso.
Las primeras autopsias y análisis forenses señalaron signos de violencia física y sexual en el niño en el momento de su muerte, y aunque análisis posteriores descartaron indicios de agresión sexual, el caso había abierto ya un profundo debate social sobre la protección de menores en situación de riesgo.
El juzgado de guardia en Vera, competente para instruir la causa, ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de ambos detenidos, acusados de asesinato y maltrato habitual, mientras que en Garrucha se declaró oficialmente un día de luto municipal por la tragedia.
Este suceso no solo marcó un antes y un después en la seguridad local, sino que también reavivó el debate sobre los mecanismos de protección de menores y las alertas ya existentes dentro de la administración pública para casos de riesgo documentado.
Violencia machista: cifras y presencia provincial en un drama nacional
La violencia que se perpetúa por razones de género —lo que en España se denomina violencia machista— siguió siendo un drama nacional en 2025. Aunque las estadísticas oficiales aún se consolidan, los datos disponibles indican que en Andalucía se confirmaron al menos siete asesinatos por violencia machista hasta agosto de 2025, y en España la cifra total de víctimas mortales por violencia de género alcanzó alrededor de 25 a 28 casos oficialmente confirmados durante 2025 hasta fechas avanzadas del año.
No es sencillo extraer cifras exactas específicas para la provincia de Almería, dado que los registros se publican muchas veces por comunidad autónoma o a nivel nacional. Sin embargo, las cifras de Andalucía reflejan que la comunidad —en la que Almería es parte— acumula uno de los mayores números de casos confirmados en España, lo que sitúa a la violencia machista como un problema de seguridad pública con impacto local y territorial.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y los equipos especializados de Policía y Guardia Civil mantienen programas de seguimiento, protección y articulación de recursos de emergencia y prevención, mientras asociaciones de mujeres impulsan campañas de concienciación y apoyo a víctimas. Las cifras de Andalucía subrayan la urgencia de adaptar estrategias preventivas hacia el nivel municipal y comarcal para evitar que esta lacra se reproduzca en cada esquina del territorio.
Crímenes y detenciones que reflejan la complejidad de la seguridad local
Además de los casos más mediáticos, la provincia vivió a lo largo de 2025 sucesos que representaron la complejidad del trabajo policial y judicial:
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A mediados de noviembre, más de 18 personas fueron detenidas en una operación coordinada de la Policía Nacional contra una red que combinaba cultivo de cannabis, tráfico de armas y presunto blanqueo de capitales, en una de las mayores acciones policiales de 2025 en Almería.
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En agosto, la Policía Local de Pulpí detuvo a un joven acusado de asaltar una vivienda y agredir sexualmente a una mujer, un caso que terminó con entrega a la Guardia Civil y puesta a disposición judicial.
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En octubre, medios locales informaron del hallazgo del cuerpo acuchillado de una mujer de unos treinta años en La Mojonera, investigado como posible crimen machista, lo que encendió debates en los foros de seguridad local sobre prevención y persecución de la violencia de género.
Estos episodios, junto con robos graves, agresiones y la presencia de grupos organizados en actividades delictivas, delinean un mapa policial en el que la coordinación entre instituciones —desde ayuntamientos hasta fuerzas del Estado— ha tenido un papel creciente.
Narcolanchas y petaqueo
En términos de administración de justicia, el Consejo General del Poder Judicial publica regularmente estadísticas por territorios. Para el segundo trimestre de 2025 en Almería, el informe recoge datos detallados de actividad judicial en materia penal, civil y de instrucción, aunque el desglose completo por tipos de delitos y tasas comparativas suele llegar con cierto retraso respecto al cierre del año.
Más allá de la pura estadística, lo relevante para la crónica del año es cómo el sistema judicial ha abordado casos de alto impacto social —desde homicidios hasta crímenes de violencia de género— y la percepción ciudadana de la eficacia de fiscalías y tribunales para responder con agilidad y rigor.
En 2025, la provincia de Almería registró un notable incremento en las llegadas de pateras, consolidándose como uno de los principales puntos de entrada de inmigración irregular en España. Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 23 de noviembre arribaron 4.629 personas por vía marítima, lo que supuso un aumento del 25% respecto al mismo período de 2024 (cuando se contabilizaron 3.678). La mayoría de estos migrantes, 4.012, procedían de Argelia, con un crecimiento del 75%, mientras que las llegadas desde Marruecos se redujeron casi un 60% a alrededor de 500. Este flujo representó más del 90% de las entradas irregulares en Andalucía, con una media de 14 personas diarias y picos como las 353 interceptadas en noviembre en 21 embarcaciones, destacando la intensificación de la ruta argelina y sus desafíos sociales y humanitarios.
Paralelamente, el fenómeno de las narcolanchas mantuvo una presencia activa en la costa almeriense, con varias operaciones policiales que reflejaron el esfuerzo contra el narcotráfico. Entre los decomisos destacados, en mayo se incautaron 6 narcolanchas junto con 346 kilos de hachís y 1.600 litros de gasolina, deteniendo a cuatro personas. Otras acciones incluyeron la detención de tres tripulantes en julio con 1.800 litros de combustible destinado al contrabando, y avistamientos como las 9 narcolanchas refugiadas en Aguamarga en diciembre debido a un temporal. Además, operaciones mayores desmantelaron redes con intervenciones de hasta 1.500 kilos de cocaína y 15 toneladas de hachís, en un contexto donde el Plan Especial de Seguridad, extendido a Almería, contribuyó a un repunte de 2.000 kilos en incautaciones de cocaína respecto al año anterior, sumando esfuerzos contra el crimen organizado.
Bajo la lupa de la convivencia
Si 2025 dejó algo claro en Almería es que los sucesos y la justicia no son hechos aislados: se inscriben en procesos sociales más amplios, un escenario cambiante que interconecta economía, demografía, servicios públicos y cultura. Los crímenes, las cifras y las respuestas institucionales han articulado buena parte del debate público en torno a la seguridad, la protección de los más vulnerables y la percepción del orden cotidiano.
Este balance de sucesos y justicia recoge los hechos con mayor repercusión periodística y social en la provincia durante 2025, ofreciendo no solo una lista de casos, sino una visión de cómo estos impactaron en la vida colectiva de Almería.
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